La Laguna aprueba la moción de Drago y se paraliza la concesión de licencias de alquiler vacacional
El Ayuntamiento de La Laguna no podrá conceder licencias, al menos, hasta que el nuevo PGO recoja expresamente el uso turístico de las viviendas
ELDIGITALDECANARIAS.NET/San Cristóbal de La Laguna
Martes, 13 de enero de 2026
Carmen Peña, concejala de Drago Verdes Canarias: “no habrá una vivienda vacacional más en La Laguna y seguiremos trabajando para devolver las casas a la sociedad canaria”
El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó la moción de Drago Verdes Canarias para establecer una moratoria técnica al alquiler vacacional en el municipio, ya que la nueva Ley de Vivienda Vacacional en Canarias establece la necesidad de incluir expresamente el uso turístico de las viviendas en el Plan General de Ordenación, y el de La Laguna no lo recoge.
La propuesta fue aprobada en la mañana de hoy, martes 13 de enero, con los votos a favor de todo el Pleno a excepción de Vox. De esta forma, se establece de manera efectiva e inminente la prohibición de conceder licencias de alquiler vacacional en La Laguna, al menos, hasta que se modifique el PGO.
Además, se encomendará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley.
Durante la defensa de la moción, su proponente y concejala de Drago Verdes Canarias, Carmen Peña, recalcó que “en este caso, la aprobación de la moción supone de facto una moratoria técnica al alquiler vacacional que se hace efectiva sobre la marcha” y explicó que “si ahora mismo el Ayuntamiento concediera una nueva licencia estaría incurriendo en una ilegalidad al no tener una planificación urbanística que reconozca el uso turístico”, a lo que añadió que “no habrá una vivienda vacacional más en La Laguna y seguiremos trabajando para devolver las casas a la sociedad canaria”.
De hecho, ya en junio de 2024 el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó una iniciativa —también de Drago Verdes Canarias— para que el próximo Plan General de Ordenación establezca limitaciones al alquiler vacacional, por lo que ya existe un compromiso político en relación a esta cuestión.
Por otro lado, Peña señaló que desde Drago Verdes Canarias “vamos a defender que en el nuevo PGO no se recoja el uso turístico de las viviendas, o al menos, que se haga con limitaciones”, aunque señaló que “esta es una cuestión que estará en mano de los vecinos y vecinas a través de un proceso de participación ciudadana”.
Por otro lado, Peña mencionó que “la nueva Ley del Gobierno de Canarias nos parece que llega tarde y que resulta insuficiente para abordar la pérdida de las viviendas residenciales a favor del sector turístico”, pero también reconoció que “con la ley en la mano, desde el ámbito municipal hemos hecho la propuesta más ambiciosa posible para que no haya más viviendas vacacionales en La Laguna”.
La moratoria técnica se hace efectiva en base al tercer punto de los acuerdos de la moción, que establece “continuar con los trabajos de adaptación de los instrumentos de Ordenación del municipio a la nueva normativa”.
Los acuerdos de la moción
En concreto, los acuerdos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento tras las enmiendas del Equipo de Gobierno quedarían de la siguiente manera:
1. Continuar con los trabajos que se vienen desarrollando en la Gerencia de Urbanismo para dar cumplimiento a la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
2. Encomendar a los servicios jurídicos municipales la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley, incorporando criterios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia administrativa, y asegurando su adecuada integración con los procedimientos municipales ya existentes.
3. Continuar con los trabajos de adaptación de los instrumentos de Ordenación del municipio a la nueva normativa, dentro del plazo legal establecido y en el marco de la redacción del nuevo Plan General.
4. Instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que la implantación del régimen de intervención administrativa previsto en la Ley 6/2025 se realice de manera homogénea en todo el Archipiélago, así como a que ambas administraciones doten a los ayuntamientos de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para asegurar un cumplimiento eficaz y equitativo de la normativa.