UP pide el cese cautelar del secretario del Ayuntamiento tras declarar testigos en el caso Sacyr que tuvo un papel clave en la devolución indebida de 59 millones

Tres nuevos testigos declararon que Luis Prieto fue quien en el consejo de administración de Emmasa dio viabilidad jurídica a que Sacyr recuperara el canon

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El grupo de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que de forma cautelar retire el cargo al secretario general del Pleno municipal, Luis Prieto, después de que tres testigos del caso Sacyr  hayan declarado ante el Juzgado que el papel de este funcionario -ya imputado en este proceso- fue fundamental para dar apariencia de legalidad al acuerdo adoptado en 2007 en el consejo de administración de Emmasa para que la multinacional recuperara, de forma indebida, los 59 millones que había pagado de canon por la empresa de aguas.

Así lo ha informado este miércoles 10 de mayo en rueda de prensa Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos -grupo político denunciante de este caso-, acompañado de la también concejala de esta alianza de izquierdas Dolores Espinosa. En esta causa penal hay 5 personas investigadas, entre ellos el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (CC).

Técnicos municipales y el Consejo Consultivo de Canarias ya han determinado que la devolución del dinero no era legal, pese a lo cual se le pagaron 33,6 millones a Sacyr, por lo que se trata, según Trujillo, del "segundo caso de presunta corrupción más importante en la historia de Santa Cruz", después del caso Las Teresitas.

Luis Prieto, que en el momento de los hechos era director de la Asesoría Jurídica municipal y niega haber asistido al referido consejo de administración, ya se encontraba investigado en esta causa penal a raíz de que un testigo había comentado que estuvo presente en esa sesión, aunque no figura en el acta. Pero tres nuevos testigos que declararon en abril pasado ante el Juzgado han corroborado "no solo que asistió sino que coinciden en afirmar que llegó antes de la hora, con una propuesta, que explicó, para darle forma jurídica a la devolución del canon a Sacyr, que en realidad era el coste por prestar el servicio del agua", señaló Trujillo.

El portavoz de UP  tacha de "muy grave" que tres testigos "cualificados", pues asistieron a esa reunión, "hayan señalado que el actual secretario del Pleno tuviera el papel que dicen que tuvo en este acto presuntamente delictivo". Por este  motivo Unidas Podemos reclama que sea destituido de forma cautelar porque se trata de un cargo de libre designación y estamos ante una "pérdida de confianza" por la "extrema gravedad" de estos hechos.

Además, Trujillo pide al alcalde que ponga en conocimiento de esta situación a la Administración autonómica, al ser la competente para depurar responsabilidades disciplinarias de funcionarios habilitados nacionales.

El concejal de la confluencia de izquierdas llama la atención de que el Ayuntamiento, a través de sus letrados, conoce las declaraciones de estos testigos porque está personado como actor civil. En este sentido, reiteró que lamenta que Bermúdez se haya negado a que el consistorio se persone como acusación particular.

"Es un alcalde que se pone de perfil ante los presuntos delitos de corrupción", enfatiza el edil de UP, quien subraya que, para colmo, Bermúdez "defiende a capa y espada a Sacyr", incluso mediante un acuerdo con el Ayuntamiento por el que la multinacional devolverá el dinero en cómodos plazos, el consistorio se compromete a no cuestionar la legalidad de la decisión de 2007 cuya ilegalidad precisamente ha motivado la apertura de una causa penal, se le permite a la empresa no cumplir con todas las inversiones previstas y  prolongar el tiempo de ejecución de las pendientes  y además pretendían subir las tarifas del agua un 8% de golpe, porcentaje que el Gobierno canario ha limitado al 2,5%.

Por último, Trujillo anuncia que hará todo lo posible para que la gestión del agua vuelva a manos públicas, porque "el Ayuntamiento debe recuperarla, ante la desastrosa gestión privatizada" desde 2006 y durante 25 años por decisión de CC.