Unidas Podemos propone aprovechar el nuevo PGO y una sentencia del Supremo para limitar el alquiler vacacional en Santa Cruz

Ramón Trujillo defiende en una moción la necesidad de restringir el crecimiento de esta modalidad turística

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), a través de su portavoz municipal, Ramón Trujillo, promoverá en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz un acuerdo para que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) limite el alquiler vacacional de viviendas, con medidas que además desincentiven a grandes empresas de capital riego implantar edificios dedicados solo a este fin, “al menos mientras persistan las graves dificultades” para miles de familias en la capital tinerfeña a la hora alquilar o comprar una vivienda.

Trujillo ha presentado una moción, que se debatirá este viernes, en el que propone además encargar un estudio para saber cómo influirían estas restricciones  en el mercado de viviendas residenciales, entre otros aspectos, pues, a su juicio, “la escasez de viviendas en alquiler en Santa Cruz y la tendencia ascendente de los precios son motivos suficientes para impulsar un cierto nivel de regulación del alquiler vacacional en el municipio”.

El concejal de Unidas Podemos ve en el PGO” una oportunidad clara” para compatibilizar el alquiler vacacional con el derecho constitucional a la vivienda y los puestos de trabajo en el sector turístico convencional, pues Exceltur ha constatado que por cada 100 camas dedicadas al alquiler vacacional se crean 3,7 empleos en áreas urbanas y, por cada 100 camas en establecimientos reglados, se generan 17,9 empleos.

Y el edil esgrime además un dato revelador: De las 8.101 camas turísticas con que contaba Santa Cruz en 2019, casi la mitad (el 49%) eran viviendas vacacionales, frente al 29,8% de Tenerife, lo que comporta que la capital, con respecto a la isla en su conjunto, adolezca de “una oferta menos cualificada y con menos capacidad de generación de empleo y riqueza”.

En su moción, Trujillo trae a colación  una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2020 que da la razón al Ayuntamiento de Bilbao en su competencia para regular el alquiler vacacional en su PGO, desestimando  un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Así, el alto tribunal estatal determina que un ayuntamiento “se halla legitimado e incluso obligado a promover la ordenación urbanística necesaria que concilie la satisfacción del derecho a la vivienda con el destino de determinadas viviendas al alojamiento turístico, sin que resulte razonable la alternativa de dejar en manos del mercado la decisión al libre albedrío de los propietarios de las viviendas, puesto que ello puede poner en peligro el derecho a la vivienda de los ciudadanos, ya sea por la insuficiencia del parque residencial resultante, por el encarecimiento de los arrendamientos con una finalidad residencial”.

Al portavoz de Unidas Podemos Obviamente no pasa por alto que el alquiler vacacional “existe desde hace mucho tiempo y ha sido una fuente de ingresos para muchas familias canarias”, pero considera importante “distinguir en qué medida contribuye a mejorar economías familiares y en qué medida es una estrategia para rentabilizar los recursos de grandes inversores con grandes cantidades de inmuebles residenciales dedicados a este fin”, ya que, con datos de 2015 a escala regional, 16 anunciantes en plataformas digitales concentraban el 14% de la oferta con más de 232 viviendas cada uno.