Sí se puede e IUC solicitan una mejor fiscalización de los servicios básicos privatizados en Güímar

La coalición de izquierdas presenta este jueves 28 de octubre sendas mociones para mejorar la financiación del Ayuntamiento y para crear un observatorio de contratación

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Sí se puede e IUC solicitan una mejor fiscalización de los servicios básicos privatizados en Güímar. La coalición de izquierdas presenta en el pleno de este jueves 28 de octubre sendas mociones: para mejorar la financiación del Ayuntamiento y para crear un observatorio de contratación de los servicios municipales externalizados.  

“Este observatorio permitirá los vecinos y vecinas conocer el cumplimiento de las condiciones de ejecución de los servicios, la calidad de la prestación y el grado de eficacia y eficiencia, y no conllevará coste específico alguno para las actas municipales”, asegura la concejala de la coalición, Nayra Caraballero, quien destaca que no es suficiente con la contratación de una trabajadora para el desarrollo de esta labor, como pretende el gobierno municipal: “es necesario hacer transparente esta supervisión y abrirla a la ciudadanía, personal laboral de dichos servicios y representantes sindicales”, subraya.

La coalición considera que “la privatización de servicios básicos en Güímar se ha convertido en la solución rápida y fácil para los diferentes grupos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento en las últimas décadas, a pesar de que está demostrado que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria cuesta mucho menos a la ciudadanía que una vez privatizado”, manifiesta Caraballero, que cita datos del Informe 1.010 de fiscalización del sector público local elaborado por  el Tribunal de Cuentas.

En Güímar, los servicios básicos como las basuras, la gestión del agua, limpieza, atención domiciliaria, jardines, e incluso la piscina municipal actualmente son gestionados por empresas privadas. “Sin embargo –destaca la concejala–, el hecho de que estos servicios sean gestionados por una entidad ajena a los servicios públicos municipales no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad atribuida por ley como garante de su gestión, lo que impone a la corporación de una serie de obligaciones que no se agotan en el proceso de contratación, sino que continúan durante toda la vida del contrato.

Además, Sí se puede – IUC presentan otra moción sobre la financiación de los ayuntamientos que complementa a esta anterior. Según Caraballero, “nos hemos encontrado con que, al hablar de remunicipalización, la principal excusa del grupo de gobierno es la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, y que impide contratar a más personal laboral desde lo público”. Por ello, y por el trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del COVID en la que han asumido roles de administraciones supramunicipales (o competencias impropias), se pretende instar al Gobierno del Estado a iniciar de manera urgente la derogación tanto de esta Ley como la 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al tratarse de legislación lesiva para la autonomía local.

La aprobación de estas dos mociones podrá paliar a medio o largo plazo los efectos de la privatización de servicios básicos para la ciudadanía, al mismo tiempo que se fortalecerá la autonomía local, pudiendo llegar a ampliar las plantillas de trabajadores y trabajadoras.