Discurso de apertura del curso judicial 2021-2022

Juan Luis Lorenzo Bragado (*)

En nombre del Poder Judicial, al que represento en esta Comunidad Autónoma, y en el de mis compañeros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, les doy la bienvenida a todos ustedes, que nos honran hoy con su presencia, y también a quienes nos siguen –en directo o en diferido– a través de Internet. 

Celebramos este acto, tal como dispone el reglamento de protocolo, después de que haya tenido lugar la solemne apertura del año judicial el pasado día 6 de septiembre en el Tribunal Supremo, bajo la presidencia de S.M. el Rey.  

Estadísticas

Tras el paréntesis de 2020 –por las razones de todos conocidas– reanudamos esta tradición con el propósito de transmitir a la sociedad el desempeño del último año judicial así como los objetivos y compromisos para el que entra.  

Es tradicional comenzar este discurso abundando en los datos estadísticos. Me voy a limitar, sin embargo, a unas cuantas pinceladas que, en mi opinión, describen, de manera gráfica, la situación de la Justicia en Canarias.  

Según los datos de la última memoria, los 207 órganos judiciales de Canarias registraron en 2020, con respecto a 2019, en números redondos, un 10% menos de asuntos. Este descenso afectó a los cuatro órdenes jurisdiccionales, pero más al social y al penal. Pese a la disminución de la entrada, sin embargo, los asuntos pendientes aumentaron un 12% y se redujo el número de los resueltos casi en un 14%. 

Canarias, además, volvió a ser el año pasado –como ya lo viene siendo en los últimos– la comunidad autónoma con la más alta tasa de litigiosidad: 154 pleitos por cada 1.000 habitantes, casi 38 más que la media nacional. 

Les hablo ahora de datos consolidados más recientes, los correspondientes al primer trimestre de este año: 

En comparación con el mismo periodo de 2020: 

• Sube la entrada de asuntos un 16% y en la misma proporción la tasa de litigiosidad, que sigue siendo la más elevada de España. El mayor incremento se registra en las jurisdicciones social, civil y contencioso-administrativa y menos en penal. 

• Mención especial requieren los concursos de acreedores, que crecen un 52%, los de personas físicas, un 91%; las ejecuciones hipotecarias, un 73%; los lanzamientos, un 27%, los procesos en materia de cláusulas suelo, un 133%, y los desahucios un 17%. Solo se redujeron los procesos por despido, un 12%, los ERE, un 85%, los de de VSM en un 5%. 

La interpretación de estos datos, en mi opinión, es clara: la pandemia es la responsable de la bajada del número de asuntos en 2020 pero también del aumento de la pendencia, al haber disminuido la tasa de resolución por la paralización de la actividad judicial durante casi seis meses. De otra parte, la estadística del primer trimestre de este año pone de manifiesto que la vuelta a la llamada “nueva normalidad”, ha hecho que afloren numerosos asuntos que simplemente estaban pendientes de presentación y también que se empiecen a vislumbrar las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia, lo que afecta, principalmente, a los juzgados de lo social y mercantiles. Así las cosas, y a la espera de conocer la evolución en lo que queda de año, el panorama que se dibuja es realmente preocupante porque ya partíamos de una situación más que mejorable. 

III. El desempeño durante el año anterior 

¿Qué han hecho durante este año el TSJ, la SG y esta Presidencia? Hemos tratado de impulsar, dentro de las dificultades, medidas para conseguir una Justicia más transparente, más próxima y más eficaz. 

Cuando aún no ha transcurrido el llamado periodo de gracia, los 100 días desde mi toma de posesión, si excluimos el mes de agosto, la SG se ha reunido 6 veces en sesión plenaria. 

En la primera reunión que presidí, el 21 de mayo, propuse y se aprobaron por la SG los principios de actuación que regirán durante este mandato:  

• reuniones plenarias cada 15 días, y así se ha hecho, habiendo adoptado más de 150 acuerdos desde entonces 

• incorporación de las videoconferencias a través de la herramienta Cisco Webex y utilización de la eCarpeta; ambas herramientas están operativas 

• potenciación y actualización permanente del Portal de Transparencia (PT) a cargo de la Oficina de Comunicación. Y así se ha hecho: en el PT, por ejemplo, ya se pueden consultar a día de hoy las normas de reparto y los cuadrantes de guardia de todos los partidos judiciales de Canarias, también la agenda con los juicios más relevantes en las dos audiencias provinciales, el calendario de reuniones de la SG, el orden del día y los acuerdos adoptados en cada una de ellas. Hemos promovido, además, la difusión de estos contenidos facilitando los enlaces más relevantes a los Colegios Profesionales y otros operadores jurídicos para que los puedan insertar en sus páginas web. 

• En esa primera reunión de la Sala de Gobierno, quien les habla se comprometió a dar cuenta de todos los nombramientos de jueces sustitutos, sobre los alardes presentados, de los informes de actuación de los jueces de adscripción territorial en los puestos de refuerzo; también de los informes de actividad de los magistrados suplentes y jueces sustitutos. Y así se viene haciendo.

Dentro de la labor de detección de necesidades y propuestas de solución hemos acordado hasta el momento 12 medidas de refuerzo, en concreto: 

➢ secciones tercera y quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ➢ juzgados de primera instancia de LPGC 

➢ sección 4.ª AP de SCTFE 

➢ juzgados de instrucción de San Bartolomé de Tirajana 

➢ juzgados de lo contencioso-administrativo de SCTFE,  

➢ juzgados de lo social de SCTFE y LPGC 

➢ Secc 2 sala de lo contencioso-administrativo de LPGC 

➢ juzgados de instrucción de Telde 

➢ primera instancia de Arona,  

➢ juzgado de lo Penal 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario  ➢ y juzgados de Granadilla de Abona.  

Quise que mi primera visita a un partido judicial, el día 6 de junio, fuera a Granadilla de Abona, el más colapsado de Canarias y probablemente uno de los que se encuentran en peor situación de toda España. Esta SG ya había hablado con anterioridad de partido judicial fallido. Es un término grueso, pero no es ninguna exageración cuando algún juzgado tiene más de 6000 escritos pendientes de proveer o se encuentran en trámite (valga la expresión) diligencias previas iniciadas en 2010. El panorama es, ciertamente, desolador. Sin embargo, no podemos resignarnos. Así, con motivo de la visita y en coordinación con la fiscal jefe de SCTFE, se está desarrollando un plan de revisión de los procedimientos penales más antiguos; también en colaboración con el Colegio de Procuradores hemos impulsado un plan para la comunicación de los escritos repetitivos, de impulso, a fin de agilizar su tramitación; también he destinado como refuerzo a dos juezas en prácticas, que permanecerán hasta el 30 de noviembre; hemos interesado de la DGRAJ la mejora de las instalaciones –me consta que se está trabajando en ello– y también personal de apoyo; hemos designado también un ponente en SG para diseñar un plan de actualización una vez se extingan los refuerzos a cargo de las compañeras en prácticas. 

He puesto este ejemplo de Granadilla como la forma que tenemos de trabajar en esta SG que me honra presidir. Son muchas las necesidades, pero tengan la completa seguridad de que por nosotros no quedará. Examinaremos la situación de todos los órganos judiciales de Canarias y adoptaremos las medidas que estén en el ámbito de nuestras competencias; las demás, las que no nos corresponden directamente, las propondremos 

a las administraciones competentes en la materia, y haremos un seguimiento estrecho de cada una de ellas.  

Otros acuerdos relevantes que hemos adoptado son los siguientes: 

• renovación de quienes integran las comisiones mixtas con el Gobierno de Canarias, que se van a reunir en breve 

• el informe sobre comarcalización de los JVSM, que se puede consultar íntegramente en el PT; sobre la base de la especialización, la idea básica es concentrar recursos para dispensar la mejor atención posible a las víctimas 

• la revisión de los criterios de llamamiento de jueces sustitutos y también para las sustituciones voluntarias, en este último caso previo informe que hemos solicitado al CGPJ 

• propuesta de celebración del Curso sobre inmigración y derechos humanos en Gran Canaria, lo que finalmente se ha conseguido, estando previsto que se celebre el próximo mes de noviembre 

• quiero destacar, por último, las medidas de refuerzo del TSJ en sus aspectos gubernativos; así se ha solicitado al Consejo y a la DGRAJ el nombramiento de personal de apoyo a la presidencia y a la secretaría de gobierno.

IV. Objetivos para el año judicial que comienza 

Me voy a referir, seguidamente, a los objetivos fundamentales para el año judicial que ahora comienza. Resumidamente son los siguientes: 

1) Continuar con la labor de seguimiento de todos los órganos y partidos judiciales, con especial énfasis en los más colapsados y en las jurisdicciones más afectadas por la pandemia. 

2) Impulsar la solución de los problemas de infraestructuras; quiero dejar constancia aquí de los avances sustanciales del proyecto de ciudad de la Justicia para Santa Cruz de Tenerife y el firme compromiso del Gobierno de Canarias en tal sentido, expresado por su presidente y por el consejero de Justicia. 

3) Contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico. 

4) En el orden organizativo interno, una vez contemos con los refuerzos de personal que se han solicitado, promover la elaboración de una agenda estratégica, definiendo ejes y programas de actuación a fin de racionalizar y mejorar la gestión del TSJ en sus aspectos gubernativos. 

5) Impulsar los medios alternativos –mejor adecuados– de solución de conflictos (arbitraje, mediación, conciliación): conseguiremos así disminuir la elevada tasa de litigiosidad y tendremos una sociedad más segura y menos tensionada. 

6) Elaborar el plan de inspección en coordinación con el Servicio de Inspección del CGPJ. 

7) Promover la renovación de los convenios de colaboración con el Gobierno de Canarias y otras instituciones. En especial, retomar el objetivo de crear en Canarias una sede permanente de formación y estudios en materia de inmigración y derechos humanos, que podría proyectar su actividad de colaboración con las cortes supremas de Marruecos, Mauritania y de otros países integrantes de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, como ya se planteó en el año 2010. 

8) Trataremos también, en cuanto las circunstancias lo permitan, de retomar el programa Educando en Justicia.

IV. Comentario final y desideratúm

Por último, no puedo concluir este acto sin hacer referencia a dos cuestiones de actualidad. 

En primer lugar, la polémica suscitada con ocasión de las resoluciones adoptadas por el TSJ en relación con las medidas COVID. En mi opinión, se trata de una polémica artificial. Los magistrados a los que ha correspondido el conocimiento de tales asuntos, con plena independencia, como corresponde al Poder Judicial –para eso vivimos en un Estado de Derecho– han resuelto las peticiones de ratificación deducidas por el Gobierno de Canarias y sus decisiones han sido revisadas por el Tribunal Supremo. Esto es lo que realizan a diario los órganos de lo contencioso-administrativo. Y, por supuesto, esas decisiones son susceptibles de análisis y crítica.  

Saliendo al paso de algunos comentarios, debo dejar constancia de que no he recibido queja alguna ni solicitud de amparo por parte de ningún juez o magistrado; tampoco he percibido en las manifestaciones públicas de los responsables del Gobierno de Canarias que se hayan sobrepasado los límites de la legítima crítica de las resoluciones judiciales. Es aquí donde hay que poner el acento: pertenece a la esencia de la democracia poder discrepar con argumentos de una resolución judicial, porque el Derecho no es una ciencia exacta y no olvidemos que los jueces han tenido que valorar cuestiones tan delicadas como qué es la esencia de un derecho fundamental o realizar el juicio de proporcionalidad entre los bienes jurídicos en conflicto.  

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Me voy a referir, en segundo lugar, a la situación de interinidad que vive el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial desde hace ya más de 1.000 días. El presidente del Consejo General del Poder Judicial la calificó de “insostenible” el pasado 6 de septiembre en su discurso de apertura del año judicial. No puedo estar más de acuerdo con tal calificativo, que, en mi opinión, comparte la inmensa mayoría de la carrera judicial, máxime cuando se han recortado las competencias del Consejo en funciones, lo que afecta de manera negativa al normal funcionamiento de los tribunales y de los demás órganos de gobierno. Llamo la atención acerca de que solo en este TSJ se encuentran vacantes a día de hoy dos presidencias, la de la AP de SCTFE y la de la Sala de lo Social con sede en LPGC, cargos que no pueden ser cubiertos en las actuales circunstancias, lo que priva a la SG de dos miembros natos y puede dificultar la consecución del quorum legalmente exigido. En definitiva, y al margen de disputas políticas, en las que los jueces no entramos, resulta imprescindible que esta anomalía institucional se corrija cuanto antes. 

Agradeciendo de nuevo la presencia de todos ustedes, declaro concluido este acto. Muchas gracias.  

(*) Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias