Cuatro de cada cinco entidades públicas canarias han rendido cuentas sobre su transparencia
Se abre periodo de alegaciones de diez días para corregir errores
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
El 100% de las 98 instituciones principales (gobierno, Cabildos, Ayuntamientos y universidades) presentaron su declaración de transparencia correspondiente al ejercicio de 2018 y también 180 (el 74,38%) de sus 242 entidades dependientes (empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones).
Es decir, solo han dejado de rendir cuentas 62 entidades (el 18,2% del total), sin duda la menor cifra de toda España, donde este ejercicio de “transparencia sobre la transparencia” está poco extendido entre el sector público local, excepto en Cataluña.
“Durante el ejercicio anterior no habían presentado declaración 136, por lo que ahora la cifra de entidades incumplidoras se ha reducido a más de la mitad, siguiendo una progresión a la baja constante desde que hace tres años comenzamos a ofrecer a todos una metodología de autoevaluación, que posteriormente chequeamos y verificamos a través de nuestra herramienta telemática T-Canaria. De esta forma, con la colaboración y sinergias de hasta 490 servidores públicos de todas las administraciones canarias, a los que estamos muy agradecidos, aspiramos a lograr que el año próximo todo el mundo rinda cuentas”, señala Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, órgano dependiente del Parlamento de Canarias.
A partir del lunes, 30 de septiembre y hasta al 9 de octubre, se abre un único plazo de alegaciones para que cualquiera de las 278 organizaciones que presentaron su autoevaluación al Comisionado puedan mejorar la puntuación provisional que tienen disponible en la sede electrónica del Comisionado.
Hace tres años, el total de las instituciones principales que rindieron cuentas no llegó al 40%; hace dos fue el 89% y el año pasado ya el 100% de las 98 lo hicieron, “por lo que reconocemos y agradecemos la implicación de todos los responsables de transparencia institucionales y de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Explica que la intención es que esa buena práctica se extienda al conjunto del sector público dependiente de las instituciones, el cual ha sido evaluado este año por segunda vez, "y trataremos de alcanzar en el próximo ejercicio también al sector privado que recibe ayudas públicas”.
Sobre la aplicación ‘T-Canaria’ y el Índice de Transparencia de Canarias
La aplicación ‘T-Canaria’ permite a todas las entidades públicas canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de “transparencia sobre su propia transparencia”, que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos, añade Daniel Cerdán. En las administraciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en los portales de transparencia, mientras que no ocurre así en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto.
Las evaluaciones serán trasladadas al pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso de evaluación y serán publicadas en formato abierto.
Esta herramienta telemática permite calcular el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las entidades a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia.
En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo, llamada ‘Mapa de Obligaciones’, los contenidos informativos que cada tipo de entidad ha de incluir en su portal de transparencia, según la Ley: 165 la Comunidad Autónoma; 153 los ayuntamientos y cabildos; y entre 107 y 84 las entidades vinculadas y dependientes de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar reclamación sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.