Ventanas de Opinión
Todos los políticos de la Transición que llevaron a cabo el encargo de derogar las leyes franquistas, redactar y aprobar la del cambio político, eran altos dirigentes de la Falange y del Movimiento Nacional
Hace cincuenta años, cuando esperaba escondida en el apartamento de una amiga la noticia de la defunción de Franco, y más tarde en los interminables años del intercambio de carteras y sillones entre los mandatarios fascistas y los supuestos demócratas que les iban a suceder, yo no sabía que medio siglo más tarde el relato oficial de este periodo trascendental de nuestra historia sería el de difundir en todo el planeta el éxito del cambio de régimen que convirtió de la noche del deceso del dictador a la mañana de la reunión del gobierno franquista, a España de un país hundido en la miseria y la represión sangrienta en un paraíso democrático. Cuando todas las voces de la política, los medios de comunicación, la Academia y las relaciones internacionales comparten ahora entusiasmados elogios delirantes a las actuaciones de los gobernantes que inventaron y pilotaron el periodo de tiempo que se ha dado en llamar la Transición, me pregunto de qué manera se cumple la sentencia de Carlos Marx de que “la historia siempre se repite dos veces, pero la primera como tragedia y la segunda como farsa” .
Como ejemplo de lo acertado de este vaticinio en España vivimos primero la tragedia que se inició el 18 de julio de 1936 y después la farsa esperpéntica que protagonizó el teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981. Hoy somos herederos de los pactos que se firmaron en el capó del coche del coronel Antonio Tejero y el general Armando Aramburu Topete (en presencia del general Sabino Fernández) el 24 de febrero de 1981. Fue un hecho clave en el desenlace del golpe de estado del 23-F.
El principal firmante: El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, fue la figura central en la rendición.
El que recibió la rendición: El general Armando Aramburu Topete aceptó la entrega del golpe militar en nombre de la lealtad a la Constitución.
La fecha clave: Este evento ocurrió la mañana del 24 de febrero de 1981, tras la ocupación del Congreso de los Diputados el día anterior.
A partir de ese pacto trascendental comienza la llamada Transición. Los políticos que la iniciaron, la continuaron y dejaron la tarea a su sucesor Adolfo Suárez, Carlos Arias Navarro, quien fue el último presidente del Gobierno franquista y el primero de la Transición, y Torcuato Fernández-Miranda, una figura clave para que el cambio se realizara «de la ley a la ley”, como con mucho empaque nos querían convencer de que el cambio era absolutamente demócrata y legítimo. Como si el régimen franquista no hubiese aprobado leyes y el de Hitler y el de Mussolini y el de otros muchos dictadores en el mundo.
Los temas más importantes que han quedado sin resolver después de la dictadura, en los largos 50 años de la Transición, son:
Todos los políticos de la Transición que llevaron a cabo el encargo de derogar las leyes franquistas, redactar y aprobar la del cambio político, eran altos dirigentes de la Falange y del Movimiento Nacional: Adolfo Suárez, Secretario General del Movimiento Nacional, Manuel Fraga Iribarne, mano derecha de Franco, senador, embajador en Londres, diputado en las Cortes, José María Martín Villa, gobernador de Barcelona cuando se produjo el luctuoso suceso del incendio de la discoteca Sala, donde murió quemada la mujer de la limpieza, y que se le supone implicado en el atentado. Entre todos acordaron la ley de reforma política que garantizaba la continuidad del sistema y protegía a los jerifaltes franquistas de cualquier petición de responsabilidades. La ley de amnistía de 1977 se aprobó para afirmar la inmunidad de los dirigentes de la dictadura, de sus esbirros los policías de la político-social que habían detenido, torturado y asesinado a centenares de opositores al régimen y eximía de culpabilidad a los autores de los ciento cincuenta mil asesinatos perpetrados por falangistas, policías, militares y afectos al Movimiento Nacional que todavía están por descubrir y encausar, cuyos cadáveres quedan enterrados en las 6.000 fosas comunes que se reparten por toda la geografía española en carreteras, cunetas, cementerios, campos y pueblos.
Durante cincuenta años ha sido imposible que se descubrieran todas las fosas y se haya llevado a cabo la entrega de los restos a sus familiares para que les dieran un entierro digno. Mis primas, María Gabriela y Carlota Leret O’Neill, las hijas de la hermana de mi madre, Carlota O’Neill y el capitán de aviación Virgilio Leret, jefe de la base de hidros de Mar Chica en Melilla, murieron con ochenta años sin saber donde estaba enterrado su padre, fusilado por los fascistas en el asalto a la base el 17 de julio de 1936.
Miles de familiares de los asesinados siguen clamando por averiguar donde se hallan los restos de quienes fueron secuestrados, transportados a los campos y asesinados con un tiro en la nuca. Como nuestro genial poeta Federico Garcia Lorca.
Y no solamente contamos con los asesinados durante la dictadura. En los primeros años de la Transición tan alabada se produjeron multitud de asesinatos por la extrema derecha, que apenas se han mencionado, ni conmemorado, en estos cincuenta años que ahora celebramos.
Agustín Rueda, militante de la CNT, de la organización sindical COPEL, el 8 de enero de 1978 fue trasladado a la prisión de Carabanchel sin informar a sus abogados de oficio. Al poco de llegar a Carabanchel, participó en la excavación de un túnel junto a otros compañeros encarcelados. El túnel fue descubierto la noche del 13 de febrero de 1978 y siete reclusos fueron identificados como responsables e interrogados y torturados. Agustín Rueda murió el 14 de marzo de 1978, a las 7:30, a causa de un «shock traumático», tal y como hizo constar el doctor Gregorio Arroyo. No fue visto por nadie después de la paliza. El informe de la autopsia pondría en manifiesto como «las lesiones fueron producidas por un grupo de agresores, que usaron un objeto contundente alargado, de tipo blando, como puede ser una porra, y un objeto duro, de menor tamaño. Se puede afirmar que no es posible, excepto con una especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas respetando las estructuras óseas subyacentes». El cadáver fue trasladado a Sallent y fue enterrado sin el permiso del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
Tres días después, el juez dictaba orden de procesamiento por presunto delito de homicidio contra el director de la cárcel, Eduardo Cantos Rueda, el subdirector Antonio Rubio, el jefe de servicios Luis Lirón de Robles y nueve funcionarios más. El sumario fue cerrado en 1980 pero todos los procesados habían sido puestos en libertad condicional en 1979 por orden de Landelino Lavilla. Los siete presos torturados fueron trasladados a diversas prisiones estatales; uno de ellos murió de un navajazo, cuatro salieron libres y los dos restantes fueron destinados a la cárcel de Herrera de la Mancha: Pedro García Peña y Alfredo Casal Ortega, los testimonios de los cuales fueron decisivos en la investigación del caso de Agustín Rueda y del de Herrera de La Mancha, a raíz del cual fue destituido y condenado el director de la prisión.
En 1988 la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la paliza a Agustín Rueda era «un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte» y no un caso de homicidio, a pesar de las contradicciones entre los peritos sobre las causas de la muerte. Eduardo Cantos, director de la cárcel de Carabanchel cuando se produjeron los hechos, el subdirector Antonio Rubio y cinco funcionarios más finalmente fueron condenados a 10 años de prisión, en lugar de los 30 que pedía la acusación. Los otros tres encausados fueron condenados a ocho, siete y seis años, respectivamente. Y a dos años de prisión los médicos José Luis Casas y José María Barigow, que ocultaron el grave estado de Agustín Rueda después de la paliza. De todos ellos, ninguno llegó a permanecer siquiera 8 meses en prisión.
El 24 de enero de 1977, fueron asesinados por un comando de Falange, en su despacho de la calle Atocha cuatro abogados laboralistas y el estudiante que realizaba labores administrativas, y quedaron heridos cuatro abogados más. Aunque los asesinos fueron condenados a 464 años de cárcel ninguno cumplió su parte de la condena, y a uno de ellos se le concedió un permiso de libertad que le sirvió para huir de España.
La lista de los asesinados por los sicarios de extrema derecha es tan larga que llenaría todo el artículo, con la venalidad de la policía, de la judicatura y de la magistratura, amén de la complicidad de los médicos y del personal sanitario.
Yolanda González, militante de izquierdas, fue secuestrada y asesinada por un comando de extrema derecha, Arturo Ruiz encontró la muerte en una manifestación antifascista, asaltado por esbirros de la extrema derecha. Gladys del Estal Ferreño, una muchacha militante ecologista murió el 3 de junio de 1979 en Tudela (Navarra) a causa de un disparo a quemarropa de la Guardia Civil.
El escritor Mariano Sánchez Soler, ha publicado el libro “La Transición Sangrienta” donde documenta más de seiscientos asesinatos, entre las víctimas de ETA y de falangistas y policías.
El 20 de abril de 1963 Julián Grimau, dirigente comunista, fue ejecutado en Madrid, por su actividad política, después de haber sido torturado en la Dirección General de Seguridad y arrojado a la calle desde uno de sus balcones, en una caída que le ocasionó la rotura de las dos manos. Con ellas torcidas lo condujeron al pelotón de fusilamiento.
Francisco Granados y Joaquín Delgado fueron dos anarquistas ejecutados en Madrid tras un breve juicio sumarísimo, en agosto de 1963, acusados de haber puesto dos bombas en las dependencias de la antigua y siniestra dirección general de Seguridad, sin que hubieran explosionado ni se probara en el juicio la autoría de los acusados.
Salvador Puig Antich, fue ejecutado en Barcelona el 2 marzo de 1974, con garrote vil, la última ejecución por ese sistema medieval, acusado de la muerte de un policía en un tiroteo en el atraco a un banco sin que se demostrara su autoría.
Los últimos cinco ejecutados por la dictadura, tres militantes del FRAP y dos de ETA, el 27 de septiembre de 1975, fusilados en Madrid, cerraron el círculo infernal de las penas de muerte de la dictadura, ya que Franco murió el 20 de noviembre de ese mismo año.
A la ola de ataques violentos, homicidios y asesinatos de la extrema derecha, hay que sumar las políticas de Adolfo Suárez y Felipe González, que hundieron económicamente regiones enteras de España. Cumpliendo fielmente el mandato de la Unión Europea cuyo contrato de adhesión firmó entusiasmado González, se cerraron los Altos Hornos de Sagunto, los Altos Hornos de Bilbao, las minas de Asturias, los astilleros de Ferrol y de Cádiz. El proceso de los ERES de Andalucía se produce por el cierre de la mayoría de las empresas de siderometalurgia y astilleros que dejan a la región en la miseria.
Se ha obviado totalmente la corrupción económica de la dictadura que llenó las cuentas corrientes de los ministros, gobernadores, diputados en Cortes, alcaldes y empresarios de la época. Hoy los medios de comunicación hablan del Pazo de Meirás diciendo que era “propiedad” de Franco. Fue conocido que este se incautó del palacio y sus terrenos que pertenecían a la escritora Emilia Pardo Bazán, que había comprado los terrenos y construido el palacio, y dictó que el Estado se lo donaba a él y a su familia. La desvergüenza llevada al máximo. El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por la Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco y a su familia. Pero no prohibió que se siguiera hablando de la propiedad del mismo.
La infame campaña de embellecimiento de la Transición en la que participan no sólo los dirigentes de la derecha sino también socialistas y de la izquierda wok que apoya al gobierno, ha olvidado y desprecia a las generaciones de militantes comunistas, anarquistas, sindicalistas, socialistas, republicanos, masones, que lucharon denodadamente, arriesgando su vida, y perdiéndola tantas veces, por cambiar la España fascista y feudal que implantó la dictadura al ganar la Guerra civil, por la España republicana, ilustrada y socialista que la II República comenzó a instaurar.
En esta campaña de elogios a la Transición a la que se atribuyen todos los supuestos avances de la España actual, se está no sólo olvidando a las víctimas de las que no se habla, con una actitud de ingratitud abyecta, sino también apoyando sin crítica alguna el sistema capitalista patriarcal que se afianzó después de la dictadura.
Que nadie que elogie la Transición critique la situación económica actual de España, que padece el doble de paro de la media europea, tiene las mayores cifras de subempleo, con un niño de cada cinco en pobreza severa, con uno de cada cinco españoles en riesgo de pobreza, aún cuando cuenten con un empleo; con la misma, sino peor, crisis de la vivienda que es endémica en nuestro país, porque estas cifras son el resultado de cuarenta años de pertenencia a la Unión Europa, a la que nos sumamos, eufóricos de éxito, inmediatamente después de nuestra entrada en la OTAN. Y el entusiasmo con que el gobierno de Aznar adoptó el euro como moneda, para inmediatamente soportar la crisis del 2008 y sufrir ahora la inflación mayor de toda la etapa democrática. Eso sí, tendremos que aumentar al 5% del PIB nuestra aportación a la OTAN. Y Sánchez acaba de prometer a Zelenski una ayuda mil millonaria para adquirir armas a Estados Unidos, en una entrevista vergonzosa para quien se jacta de socialista.
Ah, pero tenemos la satisfacción de contar con las memorias del rey emérito que nos informan de los cincuenta brillantes primeros años de su reinado. Tendremos que esperar un siglo para que los historiadores honrados investiguen los hechos y nos expliquen la verdad.
(*) Presidenta del Partido Feminista de España