Por una Policía consecuente para los retos del Siglo XXI
El próximo 1º de mayo será un día festivo para la clase trabajadora de este país, si bien la policía como institución hasta ahora no lo celebra como tal. Los policías como servidores públicos, debemos tomar conciencia como ciudadanos y como contribuyentes que somos. Somos empleados públicos de la Administración General del Estado, y por tal condición, no podemos seguir excluidos del derecho fundamental a la libertad sindical.
Se debe comprender nuestra propuesta en el firme convencimiento de dar un paso al frente como venimos haciendo, apoyado por sectores sociales, sindicales y formaciones políticas del país, dejando atrás actuaciones políticas del pasado y siendo conscientes de que tenemos una obligación con las futuras generaciones de policías, trabajadores-as, proporcionándoles otras garantías en el presente Siglo XXI.
La Constitución Española de 1978 favoreció establecer un marco sindical constructivo para atender los problemas laborales y económicos de los trabajadores-as en España, sin embargo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso al Cuerpo Nacional de Policía, se le dotó algo híbrido donde de forma interesada se usa y aplican determinados acuerdos reconocidos en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP), sin contemplarse desde entonces la asimilación de derechos como el resto de los funcionarios públicos civiles dependientes de la Administración General del Estado (AGE). Se reconoce de forma supletoria algunos laborales, en ocasiones lo que produce un déficit muy serio en comparación con el resto de funcionarios, obligándonos en la mayoría de los casos a recurrir ante la administración de justicia por la falta de rigor en su aplicación a los policías nacionales.
El Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado en el año 2015, por el Partido Popular, hurtó la posibilidad de poder elegir libremente la libertad de afiliación a sindicatos de clase y el derecho a la negociación colectiva, ANULA toda POSIBILIDAD con las que poder ejercer con garantías cualquier conflicto colectivo laboral. El PSOE, contrario a este régimen, manifestó en sede parlamentaria, presentando enmiendas, al no reconocerse en el mismo, el derecho a la negociación colectiva y a los conflictos colectivos, por presentar una incapacidad jurídica, totalmente inútiles en el Consejo de Policía, por tanto, proclives al fracaso, pero a día de hoy NO EXISTEN CAMBIOS LEGISLATIVOS. No existe un marco o diseño establecido extrajudicial, capaz de resolver situaciones diferenciales o bien acudir a la mediación, la conciliación, y el arbitraje.
La carrera profesional se estableció por dos vías, lo que ha supuesto por un lado, diferencias entre trabajadores dependiendo de unas titulaciones para acceder, y por otro lado, dos velocidades de ascensos qué muestran una organización interna, alejadas entre sí, en numerosos aspectos laborales, profesionales y económicos que causan situaciones insuperables. Esta situación, debe abolirse para superar las diferencias mencionadas en servicios conjuntos, y dotar a la organización policial de herramientas propias en favor de superar estas dificultades internas. Debemos confiar en los profesionales y en las personas consecuentes que se encuentran identificados con estos cambios y en aquellos que vienen incorporándose, capaces de asimilar una profesión de forma distinta a la actual.
Al Cuerpo Nacional de Policía, se le debe dotar las garantías constitucionales en materia sindical porque nuestra Constitución así lo establece. Los sindicatos CC.OO. U.G.T. y U.S.O. entre otros, así lo demandan al gobierno actual, poner fin a una situación de restricción a quienes tienen como función principal, la defensa de los derechos y libertades a todos los ciudadanos residentes en España.
Desde SRP, creemos que los trabajadores-as que cumplen unas misiones esenciales para el bienestar social y de seguridad para este país, no se les puede seguir privando de una capacidad sindical propia, como las concedidas al resto de institutos civiles de otras comunidades y territorios históricos con sus propias policías locales y autonómicas.
Todo lo anterior, está impidiendo alcanzar un modelo policial que consagre las necesidades reales de sus trabajadores en materia de representación colectiva. Un claro error político por dirigentes en el Ministerio del Interior, menos reformistas o progresistas, que han impedido a los policías nacionales, al igual que ocurre con jueces y magistrados, puedan ejercer de forma activa los derechos fundamentales reconocidos al resto de funcionarios, y así poder imponernos el lastre de nuestro particular “estatus profesional” que en ocasiones permite crear “compartimentos estancos”, y actuaciones censurables por la sociedad civil, que son necesarias erradicar.
El Sindicato Reformista de Policías (SRP) quiere manifestar públicamente que los trabajadores/as en el CNP, no tenemos capacidad sindical como el resto de los funcionarios del estado, estando a expensas de la voluntad política del Gobierno de turno, o que su titular al frente del Ministerio del Interior, imponga condiciones laborales y económicas, sin otra opción que acatar decisiones contrarias al sentir general del colectivo. Esta sumisión hace imposible superar un corporativismo lesivo que afecta a la mayoría de las mujeres y hombres, que forman parte de las diferentes Escalas y Categorías, diseñadas en 1987, (38 años) donde la capacidad educativa e intelectual, eran bien distintas a las actuales.
Ante esta realidad, consideramos, es urgente y necesario, una mesa intersindical con presencia de aquellos sindicatos policiales proclives al cambio necesario y aquellos denominados de clase, algunos como (CC.OO, U.G.T, USO) quienes mantienen una posición favorable a los cambios necesarios en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, al objeto de poder reconocer el libre derecho de sindicación y libre afiliación en el CPN y a la negociación colectiva, que estaría sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe de negociación, publicidad y transparencia.
Reclamamos el compromiso político del gobierno, para hacer efectivo un derecho irrenunciable,
la LIBERTAD SINDICAL PLENA EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.