Unidas se puede propone una reorganización de los tributos municipales en La Laguna

Según la auditoria más reciente del Fondo Canario de Financiación Municipal, entre 2013 y 2016 la presión fiscal por habitante y año subió en La Laguna desde 509 euros a los 662 euros por habitante y año, superior a la del ejercicio anterior y por encima de la media de Canarias del año 2015 que fue de 541 euros por habitante. “Lamentablemente esa presión no se refleja posteriormente en una mejora de la situación de las calles o de los servicios públicos que la población recibe, siendo además una presión que recae principalmente sobre las economías familiares más débiles”, afirma. Ascanio señala que según el Servicio de Tributos lagunero “solo en el periodo 2008-2016, se produjo un crecimiento del IBI Urbano de un 83,71%, una diferencia de más de 15 millones de euros, frente al cual no se han articulado medidas efectivas que faciliten a las familias el pago de este tributo o que limiten el efecto de la actualización de valores catastrales, como se hizo en otros municipios”.  Indica que esta medida ya fue planteada por buena parte de los grupos de la oposición en enero de 2017, cuando propusieron la reducción del tipo de gravamen aplicable al Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, dentro del margen legalmente establecido en el artículo 72.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, iniciativa rechazada por los votos de CC, PSOE y PP. La confluencia lagunera plantea también la necesidad de desarrollar los tributos no implementados este mandato, como los relativos a las empresas de energía o telecomunicaciones que ocupan espacio público. Rubens Ascanio indica que “la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 20, estableció en el año 2004 que las compañías eléctricas, las empresas de gas, de agua e hidrocarburos debían pagar a los municipios a los que suministren por aire, suelo o subsuelo, un 1,5% de su facturación en el término local, y que también están obligadas a pagar poratravesar los municipios aunque no les suministren de manera directa”. El concejal afirma que “según los últimos fallos judiciales, se puede llegar a cobrar entre 3.000 y 12.000 euros al año por kilómetro lineal según el tipo de línea, baja, media o alta”. En el caso de la ordenanza de telecomunicaciones, está pendiente de una renovación desde 2014, que permitirá ingresar 635.000 euros anuales al Ayuntamiento. “Es una vergüenza que entre 2014 y la actualidad le hayamos “perdonado” más de 2,4 millones de euros a estas multinacionales de la telefonía, por pura incapacidad política”. Opinan además que habrá que estudiar el desarrollo de tributos a los bienes del ministerio de Defensa y del Obispado. Mantiene que, por ejemplo, “resulta difícil de entender que una propiedad como la del Seminario, que ocupa en total 115.219 m2 y tiene 14.430 m2 construidos, con un valor catastral de más de 13,5 millones de euros, según datos de 2012, no pague el IBI, cuando en el mismo se desarrollan actividades lucrativas, incluyendo también una torre de telecomunicaciones, y además se tiene previsto implantar uno de los mayores centros de oficinas del municipio”.