El Comité Europeo de Derechos Sociales admite a trámite la reclamación colectiva interpuesta por ATD Cuarto Mundo contra España por la Ley del Ingreso Mínimo Vital
La decisión se ha hecho pública el 15 de junio de 2025
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Madrid
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha abierto un plazo para que el Gobierno formule alegaciones y para que las organizaciones sociales y sindicales en aplicación del artículo 7.1 del protocolo y el artículo 27.2 del reglamento del Comité puedan formular alegaciones antes del 14 de agosto de 2025.
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El Comité ha aceptado revisar si la ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez sobre el Ingreso Mínimo Vital y la compatibilidad con las rentas autonómicas, es conforme a los artículos 13.1, 15.3, 16, 17, 30, 31 y E de la Carta Social Europea.
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El Comité no ha acordado adoptar medidas inmediatas porque estas son de carácter excepcional, alegando que no se han aportado datos suficientes que prueben la gravedad y la extensión de las medidas de reintegro de cobros indebidos exigidos por el gobierno.
Desde ATD Cuarto Mundo España, promotor de la reclamación colectiva, se valora la reclamación colectiva como un éxito de la movilización social contra la ley del Ingreso Mínimo Vital y que, además, pone en entredicho la campaña triunfalista de los últimos días del gobierno con motivo del quinto aniversario de la publicación de la ley.
Desde el Colectivo IMV Afectados y Afectadas celebramos el avance en la conquista de derechos sociales reales y la admisión a trámite de la reclamación colectiva interpuesta por ATD Cuarto Mundo. Agradecemos el trabajo realizado en beneficio de todas las personas y familias afectadas.
No estamos conformes con una parte de la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales al no adoptar medidas inmediatas en relación a los cobros Indebidos del Ingreso Mínimo Vital dada la gravedad del problema. Aún así, valoramos y apoyamos la posibilidad de apelar esta decisión. El Gobierno admitió al Defensor del Pueblo que las reclamaciones con intereses, si no se devuelve, incluso embargos, afectan a unas 100.000 familias vulnerables sólo en 2022 y 2023.