Prisionera política venezolana española condenada sin pruebas en Venezuela
Sed de Justicia
Ángela Lizbeth Exposito Carrillo es una ciudadana con doble nacionalidad (venezolana española) de profesión docente, investigadora en el área de conservación de fauna silvestre, estudiante de derecho, proteccionista de animales y presidenta de Fundanimalia una ONG encargada de ayudar no solo a los animales de la calle sino de proteger a las mascotas de perseguidos políticos como la de expolicía del CICPC Oscar Pérez y las mascotas Thor y Arpa del coronel retirando (GN) Oswaldo García Palomo.
El 22 de septiembre de 2018 fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mientras la prensa publicaba que se le acusaba por conspiración y en otros casos por hospedar una persona que estaría vinculado con el supuesto atentado con drones a Nicolas Maduro en el 2018. Fue recluida en el SEBIN helicoide donde ha permanecido desde su detención hasta la presente fecha.
El 4 de agosto de 2022 fue condenada a 24 años de prisión sin que el Ministerio Público haya podido luego de 4 años demostrar la comisión del delito, en un juicio caracterizado por denuncias de torturas, violaciones de derechos humanos y del debido proceso.
Luego de conocerse la decisión de la condena en el caso dron, representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, abogados, intelectuales y familiares de las víctimas se pronunciaron rechazando la sentencia y haciendola pública de la siguiente manera:
La Asamblea Nacional (2015) rechaza de manera categórica la sentencia condenatoria contra el diputado legítimo Juan Requesens y demás acusados declarados culpables por la juez Hennit Carolina López Mesa, en un proceso judicial caracterizado de irregularidades, sin pruebas, y sin demostrar la comisión de delito. Agrega además que éstos venezolanos injustamente acusados son inocentes y exige su libertad asi como la de todos los presos del país. Asi mismo denuncia ante la comunidad internacional que las personas acusadas arbitrariamente por el caso de los drones, han sido víctimas de violación de sus derechos humanos y vulneración al debido proceso.
El exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En una entrevista concedida a EVTV Miami, Cristopher Figuera quien era director del Sebin cuando realizó la investigación del caso dron, observó que las evidencias eran inconsistentes. Estas irregularidades las informó en una reunión donde estaban Maduro, Cilia Flores; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Iván Hernández Dala porque habían personas inocentes y que era necesario poner en libertad a quienes no tuvieran que ver con el problema. En dicha reunión Flores le respondió: «mala suerte, que siga el proceso judicial como va». De igual manera el fiscal Saab le dijo que si llegaban las órdenes de traslado no debía ejecutarlas.
Denunció además violaciones al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) durante las audiencias del juicio y que Maduro sabía de ese intento de magnicidio.
Una de las abogadas defensoras de los detenidos por el caso ‘Dron’, Theresly Malave, criticó la condena que le impusieron a los detenidos por el caso drones. Agregó que las sentencias fueron injustas y solo evidencia un sistema de justicia politizado. Agregó además que ellos(defensa) probaron que cada uno de los acusados era inocente.
En una publicación del diario La Moncloa, la periodista Molina
realiza una entrevista al abogado Gonzalo Himiob Santomé, directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, el juicio contra Expósito y el resto de los condenados, estuvo plagado de irregularidades.
«Lo único que existe contra Ángela Expósito es un video que le obligaron a grabar mientras estaba detenida en el que además destaca que no tenía conocimiento de que otras personas estuvieran involucradas en la comisión de ningún delito».
En otro artículo redactado por Molina, T (2022) se menciona un manuscrito recibido por este medio, donde se detalla todas la irregularidades del juicio con la participación del Ministerio Público mediante promoción de testigos falsos, contradicciones e inconsistencias entre los testimonios de los funcionarios y las actas de los procedimientos, no había ninguna orden de allanamiento ni de detención, alteración de pruebas, la violación a los derechos humanos y al debido proceso, entre otros.
Desde la perspectiva de Mundaray,Z (2022).el secretismo caracterizó la “investigación” en el caso de los drones porque no se supo nada de los detalles de ese incidente. Este hecho lo que si evidenció fue el comienzo de un terrorismo de Estado, donde se produjeron desapariciones forzadas, detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, siembra de supuestas evidencias, persecución, torturas, violación de derechos humanos y detención de 17 personas que fueron acusadas.
Durante el juicio, los acusados tuvieron que encarar a sus torturadores que fueron ofrecidos como testigos por el Ministerio Público. Las víctimas señalaron a sus torturadores mientras narraban las torturas (aplicación de electricidad, asfixia con bolsas plásticas en la cabeza, ahogamientos, extracción de las uñas, amenazas de violación, entre otras) muchas de ellas realizadas frente a los fiscales del MP. Todo esto fue conocido por la juez la cual hizo caso omiso frente a estos crímenes de lesa humanidad.
Para ocultar estos horrores, el juicio se hizo privado. Ni siquiera representantes consulares de aquellos acusados. que tenían otra nacionalidad, pudieron ingresar por orden de la jueza.
Mundaray,Z (2022) destaca además que Maduro siendo la supuesta víctima se presentara en el juicio pero eso nunca ocurrió. Asi que estamos ante un magnicidio sin víctima. En otro país el atentado contra un presidente sería la investigación más rigurosa pero en este caso, nada se demostró.
De acuerdo a Pamela Toledo la dictadura habría ordenado culminar el juicio del dron para juzgar a 17 personas, sin que se haya demostrado responsabilidad en los hechos ocurridos. Agrega que el abogado y ex fiscal Zair Mundaray había denunciado en sus redes el caso y que el MP adelantó la condena pública semanas antes de culminar el juicio.
Así mismo señala que el juicio ha tenido múltiples vicios tales como: a los acusados se les aplicó torturas brutales para obligarlos a emitir declaraciones autoincriminatorias; los torturadores fueron a declarar en calidad de testigos; la mayoría de los detenidos fueron acusados por los mismos delitos, es decir, no hubo individualización de conductas; la detención fue arbitraria el propio Código Orgánico Procesal Penal, , en su artículo 230, prohíbe que la detención se prolongue por más de 3 años.(desde la detención han trascurrido cuatro años); el juicio carece de publicidad ya que impedían que familiares y personal del cuerpo diplomático acreditado ingresaran al lugar.
Además, aun cuando los funcionarios que declaran en el juicio manifiestan no recordar, no saber o no tener participación, los fiscales buscaron incorporar los hechos a través de documentos como pruebas sin ser tales, y sin acceso de éstas por la defensa.
Finalmente Toledo señala que todo lo planteado lo que busca es un montaje judicial para condenar a inocentes y esto representa una prueba de la ausencia de Estado de derecho y del uso de la justicia para perseguir y criminalizar a la oposición . Todo esto ha conllevado a diversas organizaciones de DDHH a solicitar a la CPI registra estos atropellos de la justicia venezolana.
Para Lester Toledo la condena cometida contra venezolanos inocentes representa una abominación, no porque demostraron sus delitos, por el contrario, no cometieron delito alguno sino porque a pesar de recibir condenas altas se atrevieron a decir que en Venezuela hay una criminal dictadura.
En horas de la madrugada de este 4 de agosto de 2022, la jueza Carolina López Mesa declaró culpables y condenó a 17 inocentes sin pruebas que los incriminen, los hizo responsables por el caso del atentado con drones.
Estos 17 venezolanos fueron perseguidos, secuestrados, torturados y encarcelados para luego presentarlos en un juicio plagado de irregularidades e inconsistencias y que en 4 años los fiscales y jueza no pudieron probar la participación de ninguno.
Toledo afirma que la condena fue una decisión infame, abominable que sólo demuestra que en dictadura no hay justicia y agrega: "Todos son inocentes, de eso no nos quedan dudas."
Desde su detención hasta después de la condena, familiares, amigos, abogados, periodistas y diversas ONG de Derechos Humanos se han pronunciado con respecto al caso, incluso algunas han intercedido para denunciar la violación de Derechos Humanos y del debido proceso mientras que otras piden la libertad de Ángela Expósito.
Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano denunció la detención de Expósito el 22 septiembre del 2018. En fecha 24/09/18 ofreció un balance acerca de la situación de los presos políticos y de nuevas detenciones arbitrarias y allí Romero mencionó que en el caso de Ángela Expósito dijo: (…) " hasta el momento no hemos tenido acceso a ella, ni ha sido presentada ante un tribunal”. El Foro Penal Venezolano también ha organizado diversos eventos en Madrid España con relación a las presas políticas venezolanas.
En el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer, la ONG Foro Penal y el Foro Libertad y Alternativa español realizaron un acto llamado "Los derechos humanos en Venezuela: crónica del trato cruel a la mujer".
En dicho acto se explicó la situación de 13 mujeres presas políticas venezolanas.
Una de las representantes del foro penal expuso el caso de dos hispano venezolanas. Durante su intervención denunció la privación de libertad de la profesora Ángela Expósito con doble nacionalidad y que fue detenida en septiembre del 2018: "No son problemas solo de venezolanos", dijo Simón, sino que " la comunidad internacional tiene que preocuparse" por estas detenciones."
Otro evento que se celebró en Madrid fue "Trovadores por los Derechos Humanos" organizado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, directores de la ONG venezolana Foro Penal. En esta oportunidad la figura de la mujer fue la protagonista, en su rol de víctima de la represión, esposa y madre del preso político. Romero señaló que, de los 237 presos políticos venezolanos, quince son mujeres, dos de las cuales son de nacionalidad española: Ángela Expósito y María Auxiliadora Delgado.
El 19 de septiembre del 2022, en el marco del 77 ° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se llevó a cabo el evento titulado “Retratos Humanos: Historias de Presos Políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela” donde participaron las organizaciones de Derechos Humanos Cuba Decide (Cuba), Se Humano (Nicaragua) y Justicia, Encuentro y Perdón (Venezuela) para alzar la voz por las víctimas y sus familias y pedir por la libertad y mejorar la situación de los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En la intervención escrita de la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo Rodríguez denunció además el caso de la prisionera política española en Venezuela. En tal sentido señaló lo siguiente: "en el mismo caso está Ángela Expósito, una científica graduada cum laude en una de las universidades más prestigiosas de mi país, con publicaciones en revistas internacionales arbitradas y la fundación de una ong de protección animal en su haber. Nadie supo de ella durante un mes. Le arrancaron las uñas y el cuero cabelludo y le colocaron bolsas plásticas en su cabeza para asfixiarla, como parte de las torturas..." Agrega además que fue condenada a 24 años de prisión,.sin que se haya probado su participación en los delitos que se le acusaron. Su caso es luz para demostrar lo que estamos pasando.
Diversas ONGs de Derechos Humanos han venido denunciando a través de informes y campañas la violación de Derechos Humanos de las presas políticas en Venezuela. Desde los informes presentados entre el 2020 hasta el 2022 por diversas ONG de Derechos Humanos se reporta lo siguiente:
En agosto del 2020 la Organización Foro Penal Venezolano, emitió un reporte especial sobre las mujeres que han sido víctimas de la represión política en el país
Actualmente, al 31 de diciembre de 2020, existen en Venezuela un total de 26 mujeres presas políticas. Una de ellas es Angela Lizbeth Expósito Carrillo. Es profesora y tiene una ONG que defiende los derechos de los animales. Fue detenida el 21 de septiembre de 2018, por el SEBIN. Su caso se vincula con el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. El 27 de septiembre de 2018 le imputaron los presuntos delitos de: Terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Se encuentra recluida en la sede SEBIN helicoide. Resalta, además que como proteccionista de animales se hizo cargo de los perros de Oscar Pérez, ex funcionario del CICPC (asesinado en enero de 2018 junto con un grupo de al menos 6 personas). El caso de Angela Lizbeth Expósito Carrillo, actualmente se encuentra en fase de pase a juicio.
El 12 de abril del 2021 El Observatorio de Derechos Humanos presentó el Informe: "Testimonios de presas políticas torturadas y alejadas de sus hijos" cuyo contenido recopiló 19 historias que expone el calvario por el que pasan las mujeres al ser detenidas por buscar el regreso de la democracia. Uno de los casos analizados por el Observatorio de Derechos Humanos es el de Ángela Lizbeth Expósito Carrillo.
Nacida en Venezuela con nacionalidad española. Es bióloga, egresada de la Universidad Simón Bolívar, dedicada al área de la investigación para proyectos de conservación de fauna. Era directora de la ONG Fundanimal. Fue detenida el 22 de septiembre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y señalada de encubrir a uno de los vinculados al caso de los drones. Aun cuando no participó, fue imputada por los delitos de asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y encubrimiento. Su casa fue allanada sin orden judicial e incautadas todas sus pertenencias, incluyendo enseres del hogar (televisor, ventiladores, guitarra, etc.), objetos personales, su vehículo y hasta sus mascotas.
Durante su arresto y en el curso del proceso, “Ángela fue víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios que practicaron su detención y que tenían a su cargo la custodia”, destaca el Onddhh. Está recluida en el Sebin, sometida a un juicio violatorio del debido proceso.
De acuerdo a Quintero, L (el 11 de marzo se realizó un foro titulado: "Crónica del trato cruel a la mujer", organizado por El Foro Penal Venezolano, donde expresas políticas solicitaron una investigación por torturas y la liberación de detenidas por causas políticas.
Durante el evento Stefania Migliorini, del equipo del Foro Penal, señaló que las presas políticas han sido objeto de brutales torturas, no solo psicológicamente sino físicamente en el Dgcim o en el Sebin. (…) Son situaciones donde están muy afectadas al estar privadas ilegítimamente de libertad siendo inocentes», dijo Migliorini.
Otras detenidas han denunciado amenazas o abuso sexual, aislamientos, denegación de atención médica y alimentación. Todos los casos han tenido retardo procesal por diferimiento de sus audiencias.
Otra de las intervenciones fue la de expresa política Antonia Turbay, la cual señaló que la torturaron físicamente «pero la tortura psicológica fue muy grande. Es inhumano, aseveró Turbay…«vi casos como el de Ángela Expósito que solo era protectora de animales (…) “Yo le pido al mundo entero que intercedan por los derechos humanos del país”.
El 24 de mayo del 2022 la organización Justicia Venezolana publicó una investigación sobre la situación de las mujeres víctimas de persecución y prisión por motivos políticos, encontrando que la violación de sus derechos humanos y garantías procesales es sistemática e inflexible.
Se encontró que, actualmente hay 26 mujeres procesadas por motivos políticos, a quienes, además, se les han seguido proceso irregulares e ilegales, un patrón que parece ir dirigido a quienes se persigue por adversar al Gobierno de turno.
Entre los casos destacó el de Emilendris Benítez, Ángela Expósito, Yanín Pernía y María Delgado, quienes llevan más de tres años privadas de libertad, luego de que se le vincularas con el llamado “magnicidio” del 2018.
Sobre el estatus de sus causas judiciales, todos los casos se encuentran sometidos a procesos judiciales irregulares, por ejemplo, en alguna de las fases judiciales se les ha negado el acceso a sus abogados, se les mantiene en prisión preventiva por años sin juicio, sufren retardo procesal de años y sus acusaciones son írritas, carentes de hechos y de elementos probatorios.
En algunos casos existen denuncias por abusos sexuales y abortos por golpizas, así como la denegación de atención médica oportuna. Todas estas detenidas fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La organización ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este jueves, 21 de julio 2022 “torturas, tratos crueles e inhumanos” y violación de derechos fundamentales de 23 presas políticas en Venezuela.
Así mismo " Se han realizado denuncias por las condiciones de reclusión, falta de acceso a agua, alimentos, luz solar e incomunicación", agregó la ONG en su denuncia.
Por otra parte, destacaron el caso de Emilendris Benítez, Ángela Expósito, Yanín Pernía y María Delgado, quienes desde hace cuatro años se encuentran arbitrariamente tras las rejas.
Según denunció la ONG, estas mujeres son «víctimas de la persecución a la disidencia luego de un presunto atentado el 4 de agosto de 2018″.
«Exigimos el respeto de sus derechos», añadió Justicia, Encuentro y Perdón en su publicación.