Es una de las personas que esperaba como agua de mayo ese PGO que puede significar la tumba de José Alberto González Reverón, que está gastando su capital político a marchas forzadas en esta legislatura, donde se ha visto que la mayoría absoluta le ha servido de bien poco y algunas personas de su entorno más cercano le escucharon decir que entraba en política para solucionar el problema de su casa, que es un auténtico drama personal y existencial tanto para él como para su familia.

El concejal de Policía, Manuel Reverón González, una de las personas que peor daño le está haciendo al cuerpo de agentes municipales y que como la concejala de Adeje, quiere mandar y disponer por encima de los técnicos y profesionales, tenía y tiene un impresionante chalet en la zona de Los Migueles en el barrio aronero de Buzanada, el mismo del alcalde, con 500 metros construido y dos plantas, pero con la peculiariedad, además agravada por la condición pública que ahora ostenta, que es ilegal, que ahí solamente cabe un cuarto de aperos, ya que el suelo es rústico.

Esta vivienda, denunciada por el Seprona, ha motivado el expediente correspondiente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apnum) que en estos momentos lleva aparejado una sanción que puede alcanzar los 60.000 euros y la demolición de la casa del edil nacionalista aronero. El concejal que ha presentado alegaciones, esperaba que el redactor le arreglase este asunto, como otros muchos, pero en principio, las informaciones que se manejan es que esa zona ha quedado fuera de ordenación por lo que el concejal de Policía podría perder su casa. Lo cierto es que el expediente abierto contra él es porque su casa se hizo sin licencia y sin calificación territorial, aspectos que en el mandato de Berto no casan con su pretendida honradez, buen rollito y gestión pública íntegra.

En este caso, el concejal de Policía ante esta gravísima ilegalidad, lo mejor que podría hacer es poner su cargo a disposición del alcalde, al que ha dejado en evidencia y volverse a la vida privada y afrontar desde esa condición el expediente sancionador por infracciones urbanísticas de este calado.