El abogado Felipe Campos dijo en Canarias día a día de Radio San Borondón que no debe quedar ninguna duda de que el PGO que se quiere aprobar es el de Miguel Zerolo como ya ha denunciado de forma reiterada, por lo que el retraso en la aprobación del documento que ha salido publicado en la prensa se debe fundamentalmente a que el grupo de Gobierno municipal estará sopesando el presunto delito cometido en e procedimiento y la gran oposición ciudadana al Plan.

En este sentido, recuerda que han trascendido a la luz pública posibles tratos de favor, algunos de ellos relacionado con el gerente Eduardo Risueño como ha recordado José Manuel Corrales (xTF), a lo que debemos sumar la evidente ilegalidad del documento, que además sigue conteniendo flagrantes irregularidades, unido a la gran oposición de la ciudadanía conlleva a que el grupo de gobierno municipal ahora ya no tenga tan claro la aprobación del PGO.

El abogado advierte que si el PGO estuviera perfecto y si todo fuera legal, los técnicos y el secretario del ayuntamiento no tendrían inconveniente en realizar un informe a favor del documento y, por tanto, se hubiera aprobado hace mucho tiempo, por lo que entiende que lo más razonable en estos momentos es que no se apruebe el Plan porque son muchos los motivos de ilegalidad, empezando por la falsificación del documento.

En cuanto al aspecto político, entiende que el PSOE no puede aprobar el PGO de Zerolo, incluso se atrevería a decir que Bermúdez tampoco podría hacerlo si de verdad quiere separarse del régimen, por lo que si tenemos en cuenta que la Hoja de ruta aducida por el grupo de Gobierno es irreal, porque la Cotmac no puede suspender el PGO una vez que haya sido aprobado, los socialistas tendrían que dar de lado al documento porque estamos hablando de exactamente el mismo Plan de Zerolo aprobado en marzo de 2011.

Campos rechaza que la razón del retraso en la aprobación del PGO se deba a que el grupo de Gobierno quiera dar más tiempo a la Plataforma para que aporte el dictamen jurídico sobre el fuera de ordenación, porque no tiene la menor duda de que si hubieran tenido claro la cuestión de legalidad del Plan, no hubieran tardado ni un solo día más en aprobar el documento.

Tras entrevistarse el pasado viernes con el autor del dictamen, afirma que se trata de una cuestión jurídica que no admite ninguna duda en cuanto a que el PGO está totalmente caducado, pero advierte que la actuación de Luis Prieto (secretario del ayuntamiento) es para enmarcar porque en un informe anterior determina que los plazos de caducidad están sobrepasados y posteriormente en marzo de 2011 apunta a que como dijera en el informe anterior no se han incumplido los plazos de caducidad, lo cual es una contradicción intolerable y un festival de despropósito.

El portavoz de la Plataforma espera que el Ayuntamiento de Santa Cruz presente al igual que el colectivo un informe legal que dé credibilidad a su hoja de ruta, porque insiste en que el grupo de gobierno defiende una aberración jurídica como es el hecho de que la Cotmac suspenda ámbitos que ya aprobó, ya que insiste en que desde el ayuntamiento nos dicen que el organismo autónomo va a desdecirse de su acuerdo plenario en el que aprobó el Plan a falta de 45 reparos, lo cual es inviable jurídicamente.

Por otro lado, se pregunta por qué Berriel no acompaña su promesa de suspensión de los ámbitos afectados por el fuera de ordenación con un informe legal de un jurista de la Cotmac, lo mismo que ocurre en el caso del Ayuntamiento con un informe de Prieto, porque como secretario municipal tiene que hacerlo, luego si no lo hace es porque las irregularidades son evidentes.