En el año 2006 el grupo municipal socialista de la Guancha presento una denuncia contra el teniente de alcalde del municipio de La Guancha José Regalado Álvarez por atentar contra el Patrimonio Histórico en la calle Real, 21 en el Barrio de Santa Catalina ya que la obra realizada en ese inmueble causo una grave alteración y un impacto severo del elemento histórico protegido (La fachada).

Roberto Méndez indicó que “lo más sangrante es que esta intervención fue realizada por un edil con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento guanchero, de modo que quien tiene que procurar la aplicación de la ley no tuvo reparos en saltársela a su conveniencia”.

Según el dirigente socialista, la casa en cuestión “es un ejemplo magnífico de arquitectura canaria tradicional, catalogado como especialmente sensible en el PGO y con un nivel de protección alto en su fachada, que no se merecía una intervención tan monstruosa como ésta”.

En julio del 2008 nuestro grupo presento un recurso contra el archivo, por parte del juez, de la denuncia que hicieron meses atrás, por considerar que unas obras en el inmueble número 21 de la calle Real, propiedad del teniente de alcalde guanchero José Regalado, alteraban de forma grave la fachada de un edificio catalogado como parte del Patrimonio Histórico de la Isla. Entendimos en ese momento que era nuestro deber reiterarnos en la misma postura que nos llevó a presentar la denuncia, y por eso recurrimos el archivo dictado por el juez. Según se explica en la fundamentación del recurso, los socialistas nos reafirmamos en que existió la comisión de un delito a raíz de las obras que el teniente de alcalde llevó a cabo en el inmueble de su propiedad, puesto que se produjo una alteración sustancial de la fachada que se ajusta a lo que por la misma ha entendido hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A esto se añade que el Plan General de La Guancha fue modificado a posteriori, sin que esa modificación fuese aprobada por el Cabildo, y de manera que conviniese a los intereses del teniente de alcalde, que, curiosamente, no había presentado ninguna alegación al Plan.

El grupo municipal socialista incidió especialmente en el hecho que “una obra como la que acometió D. José Regalado requiere de una serie de autorizaciones e informes favorables por parte del Cabildo, de los que obviamente no podía disponer porque la obra no se ajustaba a lo que dice la Ley de Patrimonio de Canarias”.

En febrero de 2009 la Fiscalía se adhiere a la solicitud hecha mediante recurso presentado por el PSC-PSOE para que no se sobreseyera la causa abierta contra el que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento Guanchero, por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio. De esta forma se mantuvo viva la vía para determinar si hubo o no hubo delito contra el patrimonio, y a quiénes se les puede responsabilizar del
destrozo evidente que sufrió este inmueble, al que de nada le sirvió estar expresamente protegido por el PGOU del municipio para librarse de las obras que en él realizó José Regalado Álvarez, entonces teniente de alcalde”.

Este dictamen también tiene el valor de “espantar el fantasma de la impunidad que había planeado sobre este municipio, donde algunos creen que están por encima de la Ley; por suerte la Fiscalía empezó a poner a cada uno en su lugar”. El texto del dictamen pidió, que se dejara sin efecto la resolución recurrida que acuerda el sobreseimiento libre de la causa por estimar que el mismo resulta prematuro al no haberse practicado todas las diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos y su tipificación penal.

En opinión del Fiscal, no se habían llevado a cabo todas las pruebas pertinentes para determinar si existía delito en este caso, dado que en el mismo texto se reconocían que faltaban informes y que los que se emitieron desde el Ayuntamiento no contaban con el criterio del Cabildo Insular de Tenerife, que es competente en materia de Patrimonio Histórico”. Por este motivo, en el mismo escrito, el Fiscal solicitó que se presentaran nuevos informes, a lo que accedió la jueza encargada del caso.

Y ahora en abril de 2012 al Fiscal le quedo claro que esas obras eran manifiestamente no autorizables para el nivel de protección del inmueble, según los propios datos que ya constaban en el expediente municipal a la hora de informar por los técnicos y resolver por la alcaldesa, máxime cuando la salvaguarda del valor patrimonial histórico del edificio corresponde a la propia corporación local, y por eso se interesa que se tome declaración en calidad de imputada a María Elena Luis Domínguez, alcaldesa-presidenta de La Guancha, por la comisión de un delito de prevaricación de funcionario público del artículo 404 del Código Penal en relación a decreto de fecha 13 de junio de 2008 que acuerda conceder finalmente a José Regalado Álvarez licencia para legalización y terminación de obras menores en vivienda catalogada.