El ex alcalde de San Mateo, Miguel Hidalgo; el ex concejal de Urbanismo y Fomento, Pedro Javier Quintana; y el propietario de la emisora Radio Tinamar, Jorge Rivero Barrios, han prestado declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, en relación con un presunto delito de malversación de caudales públicos por el supuesto uso irregular de un local de propiedad municipal por parte de la cadena de radio.

Los hechos se remontan al pasado mandato municipal, cuando la emisora emitía desde un local de la calle del Agua, en el número 12, del municipio de la Vega de San Mateo, en un edificio propiedad municipal. Al parecer, según denunció en su día la oposición municipal, Radio Tinamar carecía de contrato con el Ayuntamiento, que ni siquiera había llevado a pleno su cesión, ni tampoco a otros órganos municipales, según informaciones de El Digital de Canarias.net.

Radio Tinamar fue creada en el año 2003, exactamente el 14 de marzo de ese mismo año con un capital social de 5.370 euros. Según la denuncia, además de la ocupación del local, el Ayuntamiento se hace cargo de pagar la luz y el agua, y las reparaciones que se efectúan en dicho local corrían también por cuenta municipal, según se denunció entonces.

Informe de la Fiscalía

Nuestro colaborador, José Eugenio de Armas señala que se trata de un ex politico, uno que aún lo es y un empresario de medios de difusión muy relacionado con el consistorio veguero. Los hechos por lo cual se les ha citado, según hemos podido saber están supuestamente relacionados con un delito de malversación de caudales públicos.

El caso tiene que ver con la denuncia presentada por varias personas, sobre la utilización de un edificio publico situado en la calle del Agua como local de la emisora RadioTinamar SL para uso privado, siendo esta una emisora totalmente privada y con animo de lucro, la cual ha estado haciendo uso de unas instalaciones alargándose en el tiempo sin que el consistorio le pudiera dar el uso social y publico para el que fue destinado, habiéndose enriquecido su propietario con el visto bueno del equipo del gobierno municipal, considerando en un principio tales hechos como constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, trato de favor y competencia desleal hacia otra emisora del municipio a la que no se le da el mismo trato que a esta.

En el informe elaborado por la Fiscalia, se recoge que el concejal P.J.Q.O. reconoce que efectivamente dicho local esta utilizado por la emisora y el consistorio también abona los gastos de luz y agua, corriendo por cuenta del erario publico también las reparaciones que se hacen en el mismo. Igualmente en las mismas diligencias se verán unas supuestas amenazas de las que la Fiscalía dice que inicialmente no habría de dudar, pero que prefiere remitirlas también a sede judicial.