UPyD en Canarias insta a las dos instituciones responsables de la justicia en Canarias, es decir, la consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, y el Ministerio de Justicia, a que realicen el mayor esfuerzo posible en la mejora de la situación de ésta. Hace un año que ambas partes se comprometieron a incrementar el presupuesto para la gestión de la Justicia de Canarias, sin embargo, la situación oscila entre caótica y desastrosa. La acumulación de expedientes y de retrasos es exponencial a medida que pasa el tiempo, y mientras tanto los ciudadanos de Canarias sufren las consecuencias. La situación es tan crítica, que el diputado del común ya ha asegurado que está en quiebra el estado de Derecho en Canarias.

Para Manuel de Prado, miembro del comité territorial de UPyD, es imprescindible la mejora de la situación de la Administración de Justicia en Canarias sobre todo por los siguientes puntos:
Como una cuestión general, el buen funcionamiento de la Justicia es un pilar básico de los Estados de derecho, pues tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las leyes y su interpretación, constituyendo la garantía máxima del mantenimiento de los derechos de los ciudadanos.

Por añadidura, Canarias es la cuarta Comunidad Autónoma con mayor índice de litigiosidad. Esta tendencia está además en aumento, con lo cual, no solo se acumulan los expedientes antiguos, sino que además, se incrementan los nuevos. Si cada año se resuelven menos asuntos de los que se empiezan, entonces el problema no se soluciona nunca.

Por otro lado las conducciones de internos a prisiones de la península son a día de hoy inevitables por la masificación que se da en los centros penitenciarios de Canarias, sin embargo, el número de internos canarios desplazados se vería mermado, pues la mayoría de internos extranjeros que a día de hoy pudieran ser desplazados continúan en Canarias por estar en condición de preventivos, es decir, pendientes de juicio, que normalmente, debe de celebrarse en Canarias.

UPyD incluye entre sus propuestas para justicia el aumento de recursos externos como entidades de arbitraje de consumo, o mecanismos de conciliación civil que no tengan que pasar necesariamente por los tribunales. Además de adecuar el gasto público en Justicia a las necesidades reales, pero siempre con criterios de eficiencia, e incluyendo criterios de excelencia que animen a los trabajadores de Justicia a ponerse al día en todos los avances informáticos y tecnológicos que se requieren para modernizar la obsoleta administración actual.