Después de un largo proceso, el Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman) da la razón a Ecologistas en Acción, que en julio de 2006, a instancias de la federación europea European Environmental Bureau (EEB), de la que forma parte la organización española, presentó una queja al considerar que la Comisión Europea ha incurrido en una falta de mala administración al denegar el acceso a dichos documentos. Parte de estos documentos procedían del Estado español, y parte eran documentos propios o notas elaboradas por la propia Comisión.

El Defensor del Pueblo Europeo ha tenido acceso a los documentos internos que la Comisión viene negando a la organización ecologista. Tras un detallado análisis, ha concluido que no se cumplen las excepciones previstas en el Reglamento europeo de Acceso a Documentos 1049/2001 que justifiquen su confidencialidad. Por tanto, el Defensor del Pueblo Europeo insta a la Comisión a hacer públicos dichos documentos. Entre estos documentos se encuentran las diferentes comunicaciones y consultas interservicios relativas a la necesidad de incrementar la capacidad portuaria de Tenerife y las posibles alternativas.

La Comisión argumentaba que dar a conocer las distintas opiniones internas en la toma de posición frente al puerto de Granadilla, podía minar en el futuro el proceso de toma de decisiones de la Comisión, así como limitar a sus técnicos a la hora de expresar sus opiniones libremente. Por el contrario, Ecologistas en Acción, en línea con lo expresado también por el Ombudsman en su resolución, entiende que hacer públicos estos documentos mejorará el proceso de toma de decisiones de la Comisión, que se hará más democrático y transparente.

En lo relativo a los documentos que provenían del Gobierno canario, entre ellos el análisis de alternativas (de julio de 2005), pieza clave en todo el proceso al ser uno de los fundamentos sobre los que la Comisión basó su decisión de aceptar el puerto, el Defensor del Pueblo Europeo afirma que en ningún caso un Estado tiene derecho de veto sobre aquellos documentos en posesión de la Comisión (al margen del origen de los mismos) y entiende que el ejecutivo comunitario ha incurrido en mala administración al no haber acreditado las razones que justifiquen la no liberación de estos documentos.

Por ello insta a la Comisión a establecer un análisis genuino para determinar si alguna parte de estos documentos podría minar en parte el proceso judicial en marcha en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De no acreditar razonadamente la existencia de algún inconveniente de esta naturaleza, la Comisión debería liberar también estos documentos.

Ecologistas en Acción espera ahora que la Comisión, que debe responder a esta resolución antes del 31 de octubre de 2009, cumpla con sus deberes democráticos de acceso a la información, para que se sepa toda la verdad sobre Granadilla, y se ponga en evidencia de una vez por todas las mentiras y falsedades sobre las que se apoyó la decisión de la Comisión Europea.