La delegación canaria que visitó recientemente los territorios ocupados del Sáhara Occidental, presentó un Informe que refleja la situación dramática que viven los saharauis en la zona. Este Informe se elaboró después de que la delegación se encontrase con militantes saharauis defensores de los Derechos Humanos, tras escuchar testimonios de víctimas de las torturas y familiares de presos políticos saharauis y al verificar las denuncias sobre la violación de los Derechos Humanos, por el Gobierno de Marruecos, contra la población civil saharaui.

Al frente de la delegación estuvo el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez. También formaron parte de ella: Teresa Morales, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Milán, concejala del Ayuntamiento de Telde y José Naranjo, periodista.

Tras pasar tres días en los territorios ocupados del Aaiún, sometidos a una estricta vigilancia y control por parte del gobierno marroquí, los miembros de esta delegación canaria se muestran consternados y muy críticos con la vida que llevan los refugiados saharuis, debido a las actuaciones del Gobierno de Marruecos en la zona.

Carmelo Ramírez afirmó que “si en un plazo corto no llega la solución en los territorios ocupados del Aaiún, no se descarta una nueva guerra en la zona”. En este sentido puntualizó que “es evidente la represión brutal de los Derechos Humanos que el Gobierno de Marruecos ejerce sobre la población civil saharaui, con lo que es urgente que exista una masiva presencia de observadores internacionales y medios de comunicación en la zona”.

En esta última visita, los miembros de la delegación visitaron a quienes cuentan con familiares y amigos desaparecidos o han sufrido torturas, violaciones y todo tipo de presión por parte de las autoridades marroquíes. Ramírez señaló que “es fundamental presionar a la Unión Europea y a la ONU, así como a gobiernos que respaldan a Marruecos para que le exijan al gobierno marroquí el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, la inmediata celebración del Referéndum de Autodeterminación, la libertad de todos los presos políticos y el cese de la represión de los derechos humanos y expolio de los recursos naturales”.

Carmelo Ramírez se mostró muy crítico con la actitud mantenida por el Gobierno canario “que nunca ha denunciado la violación de los Derechos Humanos en la zona y tampoco ha hablado con el Gobierno de Marruecos de ello”.

En este mismo sentido fue especialmente contundente al valorar la posición del vicepresidente del Gobierno Canario, José Manuel Soria y afirmó que “son repugnantes las declaraciones de Soria defendiendo la soberanía marroquí en los territorios ocupados, con lo que actúa como representante de Marruecos en Canarias, al defender la anexión por parte de Marruecos”.

La delegación canaria pudo constatar que las protestas de los saharauis se extendían a pesar de la represión marroquí. La principal exigencia que plantea la población saharaui de los territorios ocupados, según puntualizó Ramírez, es “que se celebre el Referéndum de autodeterminación lo antes posible”.

El consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional aseguró que “Canarias no puede permanecer impasible mirando a otro lado y mucho menos cuando estamos a 100 kilómetros de la zona”. Ramírez indicó además que “presentaremos el Informe que hemos elaborado, tras la visita a los territorios ocupados y las conclusiones expuestas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y en octubre en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York”.

Carmelo Ramírez indicó además que “la Unión Europea debe condicionar la firma del Estatuto Avanzado con el Gobierno de Marruecos al cumplimento de las resoluciones de la ONU y el cese de la represión de los Derechos Humanos”.

El consejero puntualizó también que “es urgente establecer mecanismos de protección de los defensores de los Derechos Humanos de los saharauis -que arriesgan su vida cada día-, exigiendo la ampliación del mandato de la Minurso, la intervención de la ONU y de los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, sin olvidar el enjuiciamiento de los culpables de estas violaciones por Tribunales Internacionales y la libertad inmediata de los presos políticos saharauis”.