La Fiscalía de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife se incorporó hoy martes al proceso de toma de declaraciones a los concejales del anterior grupo de gobierno (PSC) en el Ayuntamiento de El Rosario en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la tramitación en 2002 y aprobación en 2004 por silencio administrativo positivo del Plan Parcial de El Varadero.

La representante del Ministerio Fiscal acudió hoy a la declaración de los ediles entonces tenientes de alcalde en El Rosario, Lucio Acosta de Armas y Antonio Manuel Hermández García, después de que no se presentara el pasado 19 de febrero a la declaración del alcalde de El Rosario, Macario Benítez, según informaron a ACN Press fuentes próximas a la investigación.

El alcalde fue el primero citado a comparecer ante el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife encargado de la instrucción del caso, una investigación iniciada tras admitirse a trámite la querella interpuesta por Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

Abel Acosta de Armas –que continúa en su cargo de edil en esta legislatura- y Andrés Hernández García, han sido los siguientes en declarar tras la comparecencia de Benitez y después de que fuera supendida la declaración prevista para el viernes 20 de febrero de la primera teniente de alcalde, Ana Lupe Mora, y la secretaria municipal, Anita Alonso.

En su declaración de hoy, ambos ediles se acogieron a derecho a no contestar a las preguntas del abogado de IR-Verdes, que ejerce de acusación popular, y en sus respuestas han alegado que no recuerdan los principales detalles de la tramitación del expediente –sobre el Plan Parcial de El Varadero-, según precisaron a ACN Press las mismas fuentes.

El próximo jueves están citados a declarar ante el juez Ana María Hernández García y Ana Hernández Márquez. Al día siguiente, a las 10.00 horas, ha sido citado Evelio Hernández Estévez, y el 10 de marzo lo harán Eugenio Marrero Alfonso y Raquel Delgado Gorrín, según recoge el auto judicial de admisión de la querella al que ha tenido acceso ACN Press. Los días 12 y 13 de marzo están citados los ediles Esteban Acosta Hernández, María Elba Delgado Martín, Laurentino Quintana Estebez y Juna Delgado Ramos.

Antecedentes

El ya conocido como ‘caso Varadero’ cuenta con varios antecedentes jurídicos y sucesivos avatares administrativos en el Consistorio y otras instancias como el Cabildo tinerfeño y el Gobierno canario derivados de la tramitación de un Plan Parcial para urbanizar un terreno de 200.000 metros cuadrados, declarado como protegido en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).

Sobre estos trámites existen tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dos de ellas que anulan los recursos presentados en 2002 por el Ayuntamiento y el promotor contra el PIOT, que registraba el nivel de protección ambiental para esta zona.

La otra sentencia del TSJC estima el recurso presentado por IR-Verdes en 2004 y anula la aprobación por silencio administrativo positivo del Plan Parcial por parte del Consistorio. El fallo judicial remarca la protección territorial del PIOT para esta zona y la prevalencia del ordenamiento insular.

Con los trámites judiciales iniciados pretenden esclarecer si podría existir delito en la resistencia mostrada a admitir y cumplir la normativa que se interponía en la tramitación del Plan parcial y que impedía la urbanización de esta parcela, cuyo valor hipotecario en 2005 ascendía a 12 millones de euros, y habría generado el triple de plusvalías una vez edificada.

Actualmente también se tramita por vía contenciosa otro recurso de IR-Verdes al Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, publicado el 30 de noviembre de 2007, para que se anule definitivamente el Plan Parcial de El Varadero –tal y como mandata la sentencia del TSJC- y que todavía figura como suspendido en el PGO.