La asociación ecologista herreña Ossinisa afirma que el gobierno de Canarias conocía las irregularidades del vertedero incendiado
El comisionado de Transparencia les da la razón frente a Política Territorial
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
El Comisionado de Transparencia da la razón a la asociación ecologista Ossinisa, que denunció al gobierno de Canarias por no entregarles los informes que acreditaban la legalidad del nuevo vertedero de la Dehesa, recientemente incendiado. La institución tiene quince días de plazo para contestar.
Según los ecologistas, el gobierno de Canarias aprobó en el año 2012 la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la segunda celda de vertido del llamado Complejo Medioambiental de La Dehesa, en la isla de El Hierro. Dicha autorización tenía como finalidad permitir la explotación del vertedero bajo determinadas condiciones, destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Ossinisa manifiesta que el Cabildo de El Hierro, a pesar de obtener la AAI para la segunda celda de vertido, siguió vertiendo fuera de la celda hasta el año 2014, enterrando todo tipo de residuos en el vertedero ilegal que se encontraba en sus proximidades. Esta práctica ha sido condenada recientemente por el Tribunal Europeo.
En noviembre de 2016, la asociación ecologista solicitó los informes contemplados en la AAI de la nueva celda de vertido a la consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Estos debían ser remitidos por el Cabildo de El Hierro, que hizo caso omiso a la petición, motivando la interposición de una denuncia ante el Comisionado de Trasparencia de Canarias.
Según expone el informe de Transparencia, la queja fue admitida en marzo de 2017, dándole un plazo de diez días a la consejería de Política Territorial para que aportara la documentación solicitada. Sin embargo, la Comisión Técnica de esta consejería estimó que el Comisionado de Transparencia no era competente para intervenir en este caso de omisión de derecho al acceso a la información en materia de medioambiente, ya que, según ellos, la ley 27/2006 solo da la opción de interponer un contencioso administrativo contra el gobierno de Canarias por omisión de derecho.
A pesar de la negativa del Gobierno a admitir la intervención de Transparencia, el Comisionado ha dictado una resolución estimatoria a favor de los ecologistas herreños que corrige a la Comisión Técnica de la consejería, alegando que la ley que regula el derecho de información ambiental contempla otros procedimientos de impugnación aparte del contencioso administrativo, como es el caso de la queja presentada.
Asimismo, dictamina que las directivas europeas permiten tanto un recurso ante la misma entidad pública u otra competente como ante una autoridad pública independiente, dejando claro que sea un recurso efectivo, objetivo y equitativo. Del mismo modo, Transparencia entiende que “estas características indudablemente se alcanzan mejor con una reclamación ante una autoridad independiente que en un reexamen por la misma autoridad que gestionó la denegación o el silencio por respuesta”.
Según el comisionado, es un contrasentido por parte de la Comisión Técnica de la consejería, que los peticionarios de información ambiental no puedan beneficiarse de las mismas garantías que los demandantes del resto de informaciones, generando así una desigualdad en un derecho priorizado y de máxima importancia social.
Ossinisa alerta, que las inadecuadas operaciones de vertido pueden haber motivado el incendio del vertedero de la Dehesa que, peligrosamente, está situado dentro de un enclave que reúne varias figuras de protección como son Espacio Natural Protegido (ENP), Zona de Especial Conservación (ZEC), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).
El incendio pudo haber provocando un desastre ecológico en el entorno, ya que es probable que se haya dañado el sistema de aislamiento de los residuos. Este grave hecho, sumado a la negativa del gobierno a informar sobre su funcionamiento y legalidad, motivará una nueva denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente para que investigue la presunta ilegalidad del vertedero y se depuren responsabilidades.