La UGT denuncia que la Agencia Tributaria Canaria pretende privatizar el servicio

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias denuncia que la dirección de la Agencia Tributaria Canaria está llevando a cabo las gestiones oportunas para sustituir a los Empleados Públicos de las Oficinas de Atención Tributaria de Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía y La Orotava, con la finalidad de ceder la gestión de las mismas a la empresa Grecasa. Este sindicato informa que la intención de sustituir el servicio era un secreto a voces, ya que, entre otros ejemplos, el alquiler de la Oficina de San Bartolomé de Tirajana, desde sus inicios en el 2013, siempre lo ha pagado la empresa Grecasa. En una ocasión los trabajadores propusieron el traslado a las dependencias de la AEAT en Campo Internacional de Maspalomas, donde existía espacio de sobra para acoger a los cuatro trabajadores de la oficina, suponiendo, además, un ahorro económico y una mejora para el servicio que se prestaba al contribuyente, pero no atendieron dicha demanda. Por otro lado, la apertura de la oficina de Santa Lucía se retrasó casi tres años por falta de voluntad política, vulnerándose el derecho de los trabajadores a ocupar su plaza. Fue sólo a raíz de la intervención de los propios trabajadores, que gestionaron el contacto con el Ayuntamiento de Santa Lucía para la búsqueda de un local, cuando finalmente se consigue la firma de un acuerdo con la Corporación y se procede a su posterior apertura, en el 2016. En otro orden de cosas, a los trabajadores se les ha tenido durante todo este tiempo desatendidos y maltratados, no sustituyendo las bajas por IT o en algunos casos, no haciéndolo con la debida diligencia, generándose, de esta manera, una sobrecarga de trabajo sobre el resto de compañeros. Se ha fomentado la incertidumbre y la indefensión de los trabajadores, al no validar el justificante de las faltas de asistencia hasta pasados tres o cuatro meses desde que se generara el hecho. Además, en la Oficina de San Bartolomé, pasaron de siete a cuatro personas en tres semanas, sin que se cubrieran nunca estos puestos, lo que supuso un aumento considerable de la carga laboral, que nunca tuvo respuesta por parte de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria. En la Oficina de Vecindario un trabajador ha cubierto él solo el servicio durante cinco meses. Los contribuyentes, en múltiples ocasiones, se han visto obligados a marcharse y venir al día siguiente o trasladarse a Las Palmas para cubrir los plazos, con el perjuicio que todo ello acarrea.  Una parte del personal destinado en las oficinas padece discapacidad en un grado significativo o alguna enfermedad que aconseja su cercanía a su lugar de residencia, por lo que el traslado supondría un riesgo para su salud. La UGT Canarias supone que la oferta de plazas para las oficinas en el año 2012, obedecía a algún imperativo legal, ya que de lo contrario se trataría de solo un pretexto para nutrirse de personal de otras Consejerías. Lo cierto es que se desconoce el motivo a ciencia cierta, aún así, este sindicato no se quedará impasible y utilizará todos los medios legales a nuestro alcance para luchar por los derechos que quedan resumidos en la resolución de adjudicación de la dirección general de la Función Pública. En definitiva, consideramos que la dirección de la Agencia Tributaria Canaria debería cesar en su interés de sustituir la gestión del servicio y abrir un diálogo con los trabajadores y sus representantes, con el ánimo de alcanzar un acuerdo que no dañe los intereses de ambas partes.