El Ayuntamiento de Valsequillo seguirá reclamando un servicio de limpieza digno y de calidad

Una decisión judicial anula un acuerdo de no pagar facturas a FCC

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

El juzgado de lo contencioso administrativo Nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria,  ha anulado la decisión adoptada por la Junta de Gobierno Local, en el año 2013, de rechazar el pago de las facturas presentadas por la empresa FCC en relación al precio cierto en el contrato entre el Ayuntamiento de Valsequillo  y la empresa, concesionaria del servicio.

Sin embargo, cabe recordar que desde la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de basura a la mercantil FCC en junio de 2010 (en el mandato de Asamblea Valsequillera y PP), desde el grupo ASBA se denunció que las exigencias del pliego no se ajustaban a las necesidades de servicio que demandaba el municipio provocando a la vez un gasto desmesurado para el Ayuntamiento, y en consecuencia a nuestros vecinos. El contrato firmado con FCC no sólo era enorme y se pagaba un precio altísimo, sino innecesario para este municipio.

Una vez en el gobierno se constata que el precio del contrato  no sólo es altísimo, sino que se financia mediante la tasa de recogida de basura pagada por los vecinos, la venta de residuos recaudada por la empresa y la subvención municipal hasta obtener el precio total. Ante esto, se decide comprobar la adecuación de las facturas al contrato, detectándose que con el anterior mandato (AV-PP) el precio  se estaba pagando sin descontar lo que recaudaba FCC directamente. Tanto los servicios municipales económicos como el propio Interventor advirtió que la forma de pago no se ajustaba al contrato y por tanto se defendió el criterio municipal que interpretaba las cláusulas económicas del contrato de un modo distinto al que se venía pagando.

Junto al hecho de pagar este altísimo precio por un servicio de recogida de residuos y limpieza viaria que no sólo no necesitaba este municipio sino que además se estaba incumpliendo, el grupo de gobierno no pudo permanecer pasivo y por tanto,  defendió el criterio de los servicios económicos municipales sobre el modo en que debía pagarse el servicio y además tramitó un expediente de penalidades ante los incumplimientos del contrato por parte de FCC SA que estaban provocando un lamentable servicio.

El Ayuntamiento exigió a la empresa que cumpliera con sus obligaciones y no sólo se dedicara a cobrar este altísimo precio, decisión que ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmando la mayor parte de los incumplimientos por los que fue penalizada esta empresa.

Por otra parte, tampoco es cierto que el Ayuntamiento no haya pagado primero y luego defendido sus derechos. El Ayuntamiento ha pagado parte de los importes incluidos en las facturas de FCC SA, pero siempre en función de la interpretación económica del contrato realizada por los servicios municipales y no por la empresa, por ello el pleno municipal ordenó que ante el conflicto entre las partes se calculase y liquidase de forma provisional los gastos de estructura fija que conllevan el servicio, hasta que la adjudicataria presente las cuentas requeridas que a día de hoy siguen sin presentarlas.

Es cierto que la sentencia obliga a pagar al Ayuntamiento el precio total del contrato y que no comparte la interpretación económica que defendió el Ayuntamiento, pero también es cierto que no le quita el derecho de reclamarle a la empresa la recaudación que obtiene por la venta de residuos y que corresponde como ingresos a este Ayuntamiento.

Al final, ante tanto incumplimiento el Ayuntamiento ha resuelto el contrato a esta  empresa cuya decisión fue avalada por el Consejo Consultivo de Canarias entendiendo que, efectivamente, los incumplimientos de la empresa están acreditados por el Ayuntamiento y que los mismos constituyen causa de resolución del contrato.

De no ser así, probablemente  hubiésemos continuado imponiendo penalidades por incumplimientos en el servicio que perjudican diariamente a los vecinos en un servicio tan esencial como es la limpieza de las calles y la recogida de basuras, incumplimientos que si han sido  reconocidos en el juzgado.

Todo este conflicto no ha sido un capricho de este grupo de gobierno, sino la defensa de los intereses económicos municipales y de un digno servicio a los ciudadanos. Lo que si fue lamentable fue el capricho de un gobierno AV-PP para hacerse “la foto” con un contrato de servicio que a todas luces no responde a las necesidades de este municipio.