La Tejita: nuestra isla no se vende

Rafael Lutzardo (*)

Mucho se ha escrito y hablado sobre el polémico hotel o mamotreto que se intenta construir en La Tejita en primera línea de playa de la reserva natural especial de Montaña Roja (la máxima categoría de protección medioambiental en la legislación canaria), que promueve el grupo gallego Viqueira, firma familiar gallega dedicada a la construcción, promoción inmobiliaria, explotación turística y gestión patrimonial. Ni que decir tiene, que nuestras islas siguen siendo la tentación de muchas empresas o constructoras de España y de otros puntos de Europa, con el objetivo de construir grandes superficies comerciales y hoteleras.

Ya va siendo hora y momento de levantar la voz, de respetar nuestro territorio, nuestras islas, nuestro Patrimonio de la Humanidad. El pueblo de Tenerife, junto con el resto de las otras islas del Archipiélago canario, están despiertos, atentos de todo lo que esta sucediendo en La Tejita. Grupos de activista no duermen, no descansan, intentando de manera pacífica “frenar” las obras de tan preocupante construcción hotelera. La empresa goda no respeta el medioambiente que rodea La Tejita o Montaña Roja.

Un paisaje natural, según expone la organización ecologista Salvar La Tejita, de mayor valor ecológico de las Islas Canarias Occidentales, pues constituye un ecosistema de vegetación arenosa único en la provincia. Más de 110 especies de aves han sido identificadas en este lugar, muchas de ellas migratorias, que utilizan estas costas como lugar de alimentación y descanso. Por todo ello la reserva ha sido calificada por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). Aquí se encuentran las playas más extensas de Tenerife, con campos de dunas y formaciones geológicas tan enigmáticas como las sismitas. En su conjunto constituye un paisaje de gran belleza y valor para los habitantes de la isla, también, para el turismo sostenible y ecológico que el gobierno regional “pretende promover”.

Como ya había adelantado Diario de Avisos, la penúltima acción -quedan aún más, seguro- de las plataformas ecologistas, y en concreto de los dos activistas que estuvieron subidos a las grúas de construcción durante 12 días, ha logrado una nueva paralización de las obras del hotel de La Tejita, de manera cautelar, hasta que se delimite si estas invaden o no la servidumbre de protección, como ordenó hace una semana el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende Costas, que en enero de 2019 mandó a parar las obras por una nueva revisión, sin que finalmente esta se realizara y las mismas continuaban poco después, hasta haberse levantado ya la estructura de los tres pisos que tendrán los edificios de un complejo hotelero de 342 habitaciones y 883 camas.

En lo que se refiere a la servidumbre, la clave para el futuro del hotel vuelve a estar en la servidumbre de protección del dominio público, que la Demarcación Provincial de Costas fijó en 20 metros de ancho a pesar de no clarificarse si en 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas, la parcela tenía carácter urbano, al no estar el plan parcial ejecutado en ese momento. El razonamiento de Costas es que, como ya hay licencias dadas, en caso de duda, se actúe en favor del promotor, para evitar indemnizaciones.

Sin embargo, un informe presentado por el actual gobierno canario advierte al organismo estatal de que ese suelo no se podía catalogar como urbano en 1.988, por lo que, en aplicación de la legislación vigente, la servidumbre de protección debería establecerse en 100 metros de ancho, pudiendo también quedar reducida a 20. Sin embargo, el 16 de mayo de 2018, El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Política Territorial, emitió una resolución por la que se autorizaba la ejecución del proyecto en zona de servidumbres de tránsito y de protección del dominio público marítimo-terrestre en el citado paraje, por lo que el Ayuntamiento de Granadilla concedió la licencia de obras de manera definitiva en diciembre de ese año.

La servidumbre de protección tiene como objeto la protección del dominio público marítimo-terrestre, mediante la limitación del derecho de propiedad en los terrenos sobre los que recae. Como norma general, la zona de protección tendrá una anchura comprendida entre los 20 y los 200 metros. Lo más usual es que tenga una anchura de 100 metros en los terrenos clasificados como no urbanizables a la entrada en vigor de la Ley 22/88, de Costas, y de 20 metros en los terrenos clasificados como urbanos en esa misma fecha. Aquí entraría si el plan parcial Costabella (1971) estaba ejecutado antes del 88 o fue posterior. La junta de compensación se aprobó en el año 2000, con González Cejas de alcalde.

Con esta revisión, el gobierno de Canarias vuelve a tener competencia y ya advirtió Valbuena que “la licencia se revisará de cabo a rabo” si finalmente la servidumbre pasa a los 100 metros. “La competencia para poder interpretar y aplicar la normativa de Costas en servidumbre de protección.

Por otro lado, hay que recordar que las obras de construcción de este hotel, proyecto que aún no se ha llevado a cabo, fueron autorizadas con fecha 3 de junio de 2016 por el Gobierno de Canarias y tienen licencia desde el 21 de diciembre de 2018, otorgada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, recuerda Transición      Ecológica.

Agrega que el 13 de junio de 2019 el Servicio de Costas de Tenerife ya requirió a la empresa promotora de dichas obras para que paralizara las que se estaban ejecutando en Dominio Público Marítimo Terrestre provisional. Si bien la empresa acató ese requerimiento, lo ha recurrido administrativa y judicialmente, añade el ministerio.

El informe que se emitió en su momento por el servicio de vigilancia ha venido precedido de sendos escritos (12 y 19 de junio) de la consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del gobierno de Canarias, y anteriormente, se habían sucedido varias denuncias de la Asociación Salvar La Tejita. La resolución que pondrá fin al procedimiento de revisión de deslinde está solo pendiente del preceptivo informe del servicio jurídico.

(*) Escritor y periodista