Victoria de Ataca sobre el alcalde socialista de Adeje: Miguel Fraga

Asociación de Taxistas Asalariados de Costa Adeje (Ataca)

Pleno Municipal del Ayuntamiento de Adeje, celebrado el pasado  29 de abril de 2016. Orden del Día, asunto número cuarenta.- “Requerimiento personal al alcalde Miguel Fraga y concejal Rafael Dolado, para el cumplimiento del auto dictado por el juzgado contencioso administrativo número uno, de fecha 12 de abril de 2016 en el procedimiento ejecución definitiva de la sentencia firme recaída en el procedimiento ordinario 210/2013”.

El alcalde Miguel Fraga y la primera teniente alcalde Ermitas Moreira, querían escurrir el bulto y pasar desapercibidos con romanticismo casando a una pareja de novios de familias burgueses de Adeje, en el convento anexo al Ayuntamiento. Su arma preferida presumir de espíritu eclesiástico, tener al pueblo narcotizado e idiotizado con la religión.

El secretario municipal, Héctor Gallego, utiliza al alguacil de recadero para poner en conocimiento a semejantes gestores públicos, Miguel Fraga y Ermitas Moreira, acudan urgentemente con asistencia física al acto solemne de la sesión plenaria, a efectos de escuchar alto y claro el contundente auto judicial dictado el 12 de abril de 2016, por el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Santa Cruz de Tenerife, con apercibimientos de multas coercitivas y deducir testimonios al ministerio fiscal por desobediencia judicial, por delitos tipificados en el artículo 410 del Código Penal, ante el manifiesto incumplimiento de sentencia dictada el 7 de enero de 2014, declarada firme, con la sentencia dictada el 27 de febrero de 2015 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya ha llovido hace ya friolera catorce meses, mediante maniobras dilatorias y actuaciones maliciosas.

Miguel Fraga alcalde y Ermitas Moreira primer teniente alcalde, actúan por encima de las leyes, quisieron camuflarse en el convento, anexo al ayuntamiento casando a una pareja de novios burgueses de Adeje, y pasando olímpicamente de los trabajadores que claman Justicia, y fueron requeridos urgentemente por el secretario municipal, Héctor Gallego, a la sesión plenaria dichos servidores públicos, tienen la obligación de estar presente ante la lectura del contundente auto, también, por la presión y protestas fundamentadas de los dirigentes de la Asociación de trabajadores asalariados taxistas. Miguel Fraga caudillo y vitalicio alcalde, con etiquetas “socialistas”, no tiene pudor ni vergüenza, desde su mas tierna infancia nada en la abundancia, instalado en la opulencia, presume de espíritu eclesiástico, cuando realmente funciona como corrupto por naturaleza, estando únicamente al servicio de los grandes poderes económicos y lobbys empresariales que desembarcan por este municipio excelencia turístico de Adeje, paradójicamente en representación del PSOE.

En definitiva, el pleno municipal con los cuarenta y un asuntos a dilucidar de orden del Día, fue todo un paseo militar de oír, ver y callar por parte del grupo de gobierno y grupos cómplices de la oposición: Partido Popular, Coalición Canaria e Izquierda Unida.

El asunto número cuarenta se convierte en lamentable y vergonzoso espectáculo impropio de un Estado social, democrático y de derecho, el caudillo alcalde Miguel Fraga y teniente alcalde Ermitas Moreira, pasaron camuflados y desapercibidos en el convento anexo al ayuntamiento con romanticismo, casando a una pareja de novios burgueses, que ante la presión y protestas fundamentadas de la asociación, por falta de respeto, tuvo que hacer acto de presencia en el pleno y escuchar detenidamente la lectura del secretario municipal, leyendo alto y claro contundente y demoledor auto dictado el 12 de abril de 2016, además, el ‘mercenario’ alcalde Miguel Fraga permite a un compañero de la represaliada asociación, hablar largo y tendido sobre la situación fraude y corrupción de explotación de licencias de taxis: avispados jubilados, caraduras funcionarios, codiciosos empresarios, poderosos floteros, sufrimos las consecuencias por denunciar los hechos: sangrante persecución, exclusión social y estado desempleo.