Urbanismo garantiza el carácter técnico del informe de legalidad de la residencia de Ifara

Una vez evacuado el dictamen abrirá una investigación interna sobre licencias

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, garantizó en la comisión de control municipal “el carácter técnico y jurídico del informe que elabora en estos momentos los servicios de la Gerencia para determinar la viabilidad del proyecto de legalización urbanística presentado por la propiedad de la residencia de mayores El Drago del Marqués”.

En presencia de una numerosa representación de las familias afectadas por la continuidad del servicio geriátrico de esta residencia privada, Carlos Tarife defendió la legalidad como prioridad de su departamento municipal después de que el Tribunal Supremo dictase una resolución que ilegaliza determinados ámbitos de la edificación de la residencia.  

El concejal, que compartió la lógica preocupación de los usuarios y de sus familias por el futuro del centro, desmintió la existencia de condicionamiento alguno sobre el equipo técnico que está elaborando un informe clave para definir si es posible legalizar la situación a través del proyecto de obras planteado por la propiedad al Ayuntamiento. 

“Ningún técnico de la Gerencia de Urbanismo va a recibir ninguna presión, y menos de este concejal, para que un informe técnico y jurídico tenga un sentido u otro. Estamos esperando por ese informe y desde que lo tengamos informaremos a todas las partes, por supuesto a las familias, como hemos hecho en todo momento”, aseguró. 

En cualquier caso advirtió que su obligación y su responsabilidad son en primer lugar restablecer la legalidad tras la sentencia del Tribunal Supremo y, posteriormente abrir una expediente interno para dilucidar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la concesión la pasada década de licencias de unas obras que el Alto Tribunal considera ajenas al ordenamiento jurídico. 

En este contexto, Carlos Tarife aconsejó prudencia a los grupos municipales, evitando manipular en clave política la actual incertidumbre que pesa sobre el futuro de la residencia y, en consecuencia, sobre sus profesionales, usuarios y familiares.  

Como es conocido, la edificación de la residencia de mayores El Drago del Marqués, que emplea a unos 100 profesionales y presta servicio a 176 usuarios, incumple la legalidad al superar el planeamiento previsto en tres plantas (de 3 a 6) y por tanto la volumetría admitida, no adecuándose tampoco a lo establecido en materias de distancia de linderos, anchura de los patios y dotación de aparcamientos.