El PSC-PSOE de Granadilla exige la dimisión de Jacobo Pérez por su gestiónacerca de los dineros relacionados con la construcción del vivero de empresas

Juan Bello afirma que Coalición Canaria miente para esconder su incompetencia

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El portavoz del grupo socialista en Granadilla, Juan Rodríguez Bello, responsabiliza al Presidente de la empresa pública municipal Grasur, José Domingo Regalado, de la nefasta gestión del expediente de reintegro de las cantidades relacionadas con el Rypaig y acusa al portavoz de Coalición Canaria, Jacobo Pérez, de mentir de forma descarada para esconder su incompetencia como gestor público.

En noviembre de 2016, casi dos meses después de la moción de censura, el ministerio de Industria notifica a Grasur la resolución de reintegro de subvención y préstamo por la construcción de un edificio destinado a vivero de empresas en el Polígono Industrial de Granadilla. Esa resolución no fue recurrida en tiempo y forma por Coalición Canaria, lo que supone una dejación de funciones que obliga tanto a la devolución inmediata del préstamo y de la subvención, como al pago de más de medio millón de euros en concepto de recargo de apremio.

La negligencia de José Domingo Regalado, de Jacobo Pérez y de  la consejera Delegada de Grasur, Concepción Cabrera, es tal que habiendo dejado el grupo socialista la obra adjudicada en agosto de 2016, para su puesta en funcionamiento a finales del mismo año, fueron incapaces de esgrimir estos argumentos ante el Ministerio de Industria para paralizar el expediente de devolución.

El grupo socialista solicitará la constitución de una Comisión de Investigación que dirima las responsabilidades que procedan. Así mismo, exige la dimisión inmediata de Jacobo Pérez por mentir cuando afirma que, ni había expediente, ni había contratación, ni había obra en marcha, cuando la misma había sido adjudicada desde agosto de 2016.

Su incompetencia y desconocimiento llega a tal extremo que habla de la adjudicación de la FASE I y II del edificio, ya terminadas en 2012, cuando lo que el grupo socialista adjudicó fue la FASE III.