Arrecife pide a Función Pública que permita ejercer a una interventora accidental

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha solicitado a la dirección general de la Función Pública del gobierno de Canarias que permita que ejerza como interventora accidental en el Ayuntamiento una funcionaria de ese departamento que no es habilitada nacional, como solución de urgencia hasta la incorporación de la nueva interventora, Martina Mantenga, según ha publicado www.diariodeLanzarote.com. Tras la marcha de la anterior interventora, que sí era habilitada nacional, la alcaldesa nombró a Sandrá Estellé, pero Función Pública anuló el nombramiento porque no es habilitada nacional y porque al Ayuntamiento sólo se le permite proponer pero no nombrar. En un decreto, la alcaldesa pide, en base a un informe de la secretaria accidental, que vuelva a nombrarse a Estellé porque su propuesta se realizó dos días antes de que entrara en vigor el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Como la propuesta es anterior, no le afectaría el requisito de tener que ser habilitada nacional. El informe jurídico considera que en el nombramiento “concurre la existencia de un error material de transcripción” y por eso se hace ahora una nueva resolución que subsana la anterior. Señala que el Ayuntamiento no estaba resolviendo el nombramiento sino que el espíritu de la propuesta era el de proponer el nombramiento de forma accidental. “Se quiso resolver con el acto administrativo -señala el decreto- la problemática acontecida bajo la casuística de que, como quiera que las funciones inherentes a la intervención municipal, no pueden dejar de ser atendidas, por los perjuicios directos a terceros que la ausencia de su desempeño entrañaría para el correcto y ordinario funcionamiento de esta corporación, como entre otros, los abono de expedientes reconocidos a proveedores, abono de expedientes de subvenciones cuya resolución corresponde a este Ayuntamiento por sus fondos propios, la tramitación de propuestas de gastos, abonos salariales de los empleados públicos”. La ausencia de interventora está poniendo en riesgo todos los pagos, incluidas las nóminas y subvenciones y algunos actos previstos. En el decreto se alude al interés general y se asegura que esas obligaciones económicas son “imprescindibles para atender las necesidades del municipio, al no haberse podido solventar la vacancia acontecida con un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional”. Sobre la nueva interventora accidental, se considera que cumple los requisitos solicitados por su “capacidad técnica, formativa (Licenciada en Ciencias Económicas) y el hecho de que la funcionaria cuenta con una dilatada experiencia administrativa en el desempeño de las funciones de intervención en este Ayuntamiento, siendo además dicho departamento en el que presta de manera ordinaria, sus funciones de técnico de administración general desde el año 2013”.