Critican que CC y PP utilicen el descuento de residentes en sus refriegas políticas

Entre las enmiendas registradas el pasado martes por Unidos Podemos al Régimen Económico y Fiscal –cuya reforma se debatirá en el Congreso- las relativas al transporte tienen el objetivo de “convertir la movilidad interinsular y entre Canarias y el resto del Estado, en un derecho garantizado”. Así, se plantea ampliar hasta el 75% las bonificaciones a las personas residentes, por vía aérea y también marítima, que viajen dentro del Archipiélago y a la Península, además de incluir en ellas a familiares directos de las personas residentes en Canarias en primer grado de consanguinidad, es decir, madres y padres, hijos e hijas, excluyendo, por cierto, cualquier tipo de bonificación en la compra de billetes de primera clase. Una “práctica vergonzosa” pero habitual con el modelo de subvención al transporte vigente hasta ahora. “Creemos que este es el planteamiento adecuado para garantizar el derecho de todas y todos los canarios a la movilidad, sobre todo, después de haber estudiado detenidamente sus costes”, explica la diputada Meri Pita. Y es que, para la formación morada cuadrarían mejor las cuentas si una empresa pública empezara a operar en las islas para asumir una parte del transporte bonificado. Lo que no solo supondría una mejora en los precios, sino también una inversión más eficiente, además de un aumento de la seguridad. “Por eso queremos abrir este necesario debate”, ha explicado Pita. En efecto, para dar cumplimiento a los conciertos actuales, el Estado ha tenido que destinar 278 millones de euros de su presupuesto en 2017. Una cantidad que, tras estimar de manera aproximada los beneficios que perciben las compañías de transporte privado a cambio de prestar estos servicios, podría verse reducida a partir de la puesta en marcha de sociedades de gestión pública directa en materia de transporte marítimo y aéreo –y aquí cabe recordar que el archipiélago ha sido candidato a mejor destino mundial en captación de rutas aéreas, “lo que demostraría la escasa incidencia de esta medida en el mercado turístico nacional e internacional”, ha asegurado Pita. Dichas entidades, pese a estar financiadas por la administración, “continuarían sujetas a las normas que rigen el mercado comunitario del transporte”, pudiendo aplicarse únicamente estas bonificaciones a las personas que cumplen las condiciones establecidas para la aplicación del descuento de residente. Con esta medida se pretende garantizar “de una vez por todas”, la eficiencia de las rutas bonificadas por su condición de servicio público, así como “la igualdad de derechos de los residentes canarios con los del resto del territorio estatal, con independencia de su isla de residencia”. “Una razón de peso para que Coalición Canaria y el Partido Popular, ambos en funciones de gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Estado, se abstengan de utilizar el descuento de residente en sus refriegas políticas”, ha sentenciado la diputada.