Siete votos cómplices del PP y del PSOE protegen a Clavijo y Díaz del caso ‘Grúas’

Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento, cree que el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, “ha querido cerrar el caso ‘Grúas’ vulnerando una vez más un informe de un funcionario público, como la secretaria del pleno, que fue públicamente desautorizada por Díaz cuando informó en contra de que él y Antonio Pérez Godiño pudieran votar contra el dictamen alternativo a la Comisión de Estudio de las grúas municipales presentada por los grupos de la oposición”. El edil cree que “el alcalde dejó nuevamente el pleno de La Laguna a la altura de una república bananera, en un episodio más de vulneración de informes de los técnicos municipales, votando el dictamen alternativo en contra del criterio de la Secretaria y de lo que establece la legalidad”. Ascanio considera que “la borrachera de poder de Coalición Canaria, tras treinta años de hacer y deshacer a su antojo en la Isla y en Canarias, debe terminar”.  Desde la formación lagunera entienden que “esta decisión esperpéntica pone una losa más sobre el cúmulo de irregularidades cometido, dejando además la nítida imagen de dos grupos, el PP y una parte del PSOE como escuderos de Coalición Canaria”. Además señala la gravedad de que “una vez más sean los siete votos cómplices de Partido Popular y tres ediles del PSOE los que hayan servido para proteger a Clavijo y Díaz, no el interés general”. Ascanio señala a los tres ediles socialistas que mantienen el acuerdo de gobierno con CC, que “se han identificado públicamente de forma notable con uno de los candidatos a las primarias de ese partido, que entendemos que debería decir algo sobre quienes arropan con su voto las actuaciones ilegítimas de CC, actuaciones que la portavoz de ese grupo, Mónica Martín, llegó a reconocer en el pleno tras el estudio de la documentación de la Comisión”. La organización anuncia que pedirá el acta de esta sesión y recurrirá, “con todas nuestras herramientas jurídicas la cacicada vivida en el pleno, con una votación forzada por el alcalde en contra de la legalidad vigente y el criterio de la propia secretaria”.