El juzgado abre diligencias a un técnico del PIO por un informe sobre La Bufona

El juzgado de instrucción número 3 de Arrecife ha abierto diligencias por la denuncia de Gonzalo Murillo, propietario de terrenos en la urbanización La Bufona (Arrecife) contra un técnico de la Oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO), Gustavo Navarro, que emitió un informe sobre la calificación del terreno donde se asienta la urbanización, según ha publicado Saúl García en Diario de Lanzarote.com. En esas diligencias se investiga si el técnico pudo incurrir en un delito de falsedad documental por emitir un certificado urbanístico que asegura que el suelo que se encuentra al Norte de la urbanización no están calificados como suelo rústico de protección de valor ecológico Jable. Las 14 viviendas de la calle Chabusquillo tienen, precisamente, una orden de derribo parcial por parte de la Agencia de protección del medio urbano y natural para demoler de aquellas partes de las casas que ocupan suelo rústico. Los promotores de la urbanización ya han sido condenados por estos hechos. La denuncia señala que ese informe se plasmó, a su vez, en un certificado urbanístico que dictó el Cabildo "fuera de sus competencias", ya que su emisión correspondería al Ayuntamiento de Arrecife, y que dicho informe fue realizado a petición de una de las vecinas afectadas que lo incluyó posteriormente dentro del procedimiento contencioso contra la orden de derribo. El juez instructor ha solicitado diversas diligencias tanto del Cabildo de Lanzarote como de la consejería de obras públicas, de la Agencia de protección y de los propios juzgados, así como del denunciante para que explique por qué le perjudica dicho certificado. Murillo es el propietario del suelo rústico donde asientan esas viviendas, que habría sido ocupado de forma ilegal.