Aplazado ‘sine die’ el juicio contra Carceller por el mayor fraude fiscal de España

Suspendida la vista oral contra un entramado de sociedades que ocultaba bienes

EDDC.NET / Madrid

El juicio por el mayor fraude fiscal descubierto en España, el que debía sentar a partir de este lunes 11 de enero a la familia Carceller en el banquillo, se aplaza ‘sine die’. La Audiencia Nacional, que ya retrasó el caso por seis meses el pasado mes de julio, ha decidido suspender la vista por la grave enfermedad por la que atraviesa Demetrio Carceller Coll, para el que la Justicia había pedido 48 años y seis meses de cárcel, según ha publicado El Confidencial.com.

A Demetrio Carceller Coll se le enjuiciaba por una evasión fiscal por la que se le bloquearon en 2010 bienes por 400 millones de euros. La investigación de la Fiscalía concluyó que el empresario utilizaba un domicilio ficticio en Portugal y otro en Londres para no declarar todo su patrimonio en España.

El escrito de Anticorrupción explicaba que el empresario se dedicó a esconder sus rentas y activos, “cuando menos desde 1990”, a través de un complejo entramado empresarial y societario, que incluía paraísos fiscales. Para no despertar sospechas, el fiscal relató que el empresario y su mujer, Carmen Arce, tomaban numerosas medidas de precaución “tales como evitar frecuentar restaurantes o sitios de ocio, realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo”, Carceller Arce, todas las operaciones económicas de gran calado.

Junto a Demetrio Carceller Coll, el próximo lunes debía comparecer ante el juez su hijo Demetrio Carceller Arce, máximo accionista de la empresa cervecera Damm, de Sacyr, del grupo petrolífero Disa y, en menor medida, de Ebro Foods y Deoleo. Para éste, consejero asimismo de Gas Natural, la petición del fiscal es una pena de prisión de 14 años.

El motivo por el que se vuelven a aplazar las dos semanas que iba a durar el juicio es una severa enfermedad de Demetrio Carceller Coll, que tiene casi noventa años y al que el juez Pablo Ruz le exigió una fianza de 476,4 millones de euros en 2013. Esta decisión beneficia especialmente a su heredero, de 54 años, que debía depositar en la cuenta de la Audiencia Nacional 236,4 millones por un presunto fraude que, según la documentación oficial, comenzó en los años noventa.

Fuentes del mercado estiman que, de haber habido sentencia en contra a corto plazo, la familia Carceller, descendientes de Demetrio Carceller Segura, quien fuera ministro de Franco, hubiera tenido que vender parte de su patrimonio para hacer frente a la hipotética y ‘cuantiosa’ condena, si atendemos a las acusaciones a las que hacen frente.

Ruz reabre el caso

Sin embargo, en 2011, la Audiencia Nacional decidió sobreseer el caso al no encontrar indicios concretos de evasión. No obstante, en 2013, el juez Ruz, entonces en la Audiencia Nacional, ahora en un juzgado de Móstoles, reabrió el asunto gracias a dos informes de la Agencia Tributaria según los cuales Carceller Coll podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones por el IRPF y 29,69 millones más por el impuesto de patrimonio.

Ruz les impuso unas fianzas históricas de 712,8 millones -padre e hijo-, que fueron recurridas por entenderlas desproporcionadas. Pero en febrero del pasado año, el juez las desestimó y elevó a juicio la causa contra los accionistas de Damm y de Sacyr. La sección cuarta de la Sala de lo Penal fijó la vista oral para el 21 de julio. Sin embargo, la celebración fue suspendida porque las partes pidieron interrogar a tres testigos residentes en Estados Unidos para enjuiciar también propiedades inmobiliarias -centros comerciales- en aquel país que fueron heredados por Carceller padre a la muerte de su hermana. La nueva fecha fue señalada para entre el 11 y el 22 de enero.

Ahora, tras la última anulación, se desconoce cuándo se sentarán los Carceller en el banquillo y si finalmente, dado el estado de salud del padre, su causa será finalmente tratada por la Justicia. Se sospecha que se tardará meses en establecer una nueva fecha dado que son necesarias dos semanas de calendario para los interrogatorios.

Todo un alivio para Sacyr, Ebro Foods, Deoleo, Repsol y Gas Natural, sociedades de las que la familia es accionista y sobre las que pesaba la amenaza de venta urgente de sus participaciones para hacer frente a la supuesta pena ya que, según el juez, había quedado indiciarianente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria contra la Hacienda Pública.