Los sindicatos, STAP-Canarias, Asipal y CSIF, unidos en defensa y representación del colectivo de la Policía Local de Tacoronte, frente la dejadez mostrada por la corporación ante las insistentes quejas y propuestas para negociar y mejorar las condiciones de trabajo y los medios necesarios para desarrollar los servicios en condiciones dignas, aseguran que el alcalde, lejos de iniciar las oportunas gestiones para resolver las demandas y la desidia en las que han dejado caer al olectivo Policial, especial en sus medios e instalaciones, encolerizado por todo este asunto, lo que hace es emprenderla a golpes con los agentes y sindicatos, con lo que no cuenta para nada en las posibles soluciones que se puedan aportar o sugerir.

Lo que hace es promover averiguaciones con amenazas de expedientes para localizar o identificar a quiénes permitieron los accesos a las dependencias públicas para comprobar o fotografiar in situ las deplorables instalaciones.

En este sentido y ante las demandas realizadas en la inspección de trabajo, los inspectores comprobaron los hechos denunciados en días pasados y procederán a las acciones oportunas contra esta entidad por las dejaciones de su corporación, de la cual daremos cuenta de los resultados oportunos.

Pero este alcalde y sus asesores se olvidan de la Ley de Prevención de riesgos laborales y todas sus implicaciones, donde los sindicatos y sus delegados son además delegados de prevención y pueden actuar en cualquier momento, tiempo y lugar para reclamar o denunciar cualquier dejación o vulneración de los derechos sobre la salud y seguridad de los trabajadores, sin embargo este edil prefiere acudir al reglamento disciplinario para intentar buscar o imputar culpas que puedan acallar o coaccionar la acción popular que no les conviene, algo que está muy de moda entre estos políticos según parece.

Ante todos estos hechos y las oscuras pretensiones de los responsables municipales, los sindicatos que suscriben a través de sus gabinetes jurídicos ya estudian la posibilidad de presentar una querella o acudir a la Fiscalía por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y los derechos y acción sindical, pues llevando todo a los juzgados parece que es el único camino que puede poner las cosas en su sitio desgraciadamente.